Contraloría: Entre dólares y modernización.
Contraloría: Entre dólares y modernización
Patricio Orellana Vargas
En varias oportunidades hemos sostenido que los culpables de la corrupción que invade nuestro país son… los corruptos. Sin embargo, es evidente que hay instituciones que tienen su cuota de responsabilidad por no ejercer las funciones que les competen en la lucha por la probidad pública.
La Contraloría de la República define su misión como “la preservación y fortalecimiento de la probidad administrativa”. En las diversa reuniones de la OLACEFS (entidad que agrupa a las contralorías latinoamericanas), el Contralor del momento, declara con inmenso orgullo que Chile es el país más probo de América Latina según los estándares de prestigiosas instituciones internacionales que realizan las mediciones.
Pero actualmente hay un consenso nacional de que la corrupción política y administrativa es un flagelo creciente, lo que se demuestra en los escándalos del MOPT, Chile Deportes, INVERLINK, EFE, Gastos electorales, desvío de los recursos para el desempleo en campañas electorales, etc. Las nuevas leyes y medidas adoptadas en los últimos gobiernos y en la abigarrada agenda de probidad acordada entre el gobierno y la oposición son reconocimiento explícito de la magnitud y gravedad del problema.
Sin embargo, la Contraloría ha estado lejos de ser el baluarte en contra de la corrupción y esta lucha se ha desarrollado en las denuncias políticas, la labor de periodistas, las denuncias de las asociaciones de funcionarios y la judicialización de los hechos. La Contraloría parece vivir en otro espacio: el de la pasividad e indiferencia.
Hasta ahora la Contraloría sólo parece merecer el adjetivo de “una señora timorata y complaciente”, lo que está ilustrada en su logo, que es una dama sentada con un gran libro en sus brazos y que no representa una acción sino que una pasividad complaciente. El Contralor Sr. Arturo Aylwin (1997-2002), de una evidente gran calidad humana, nunca actuó con fortaleza frente a la corrupción. El sucesor, Sr. Gustavo Sciolla, pasó sin pena ni gloria y fue casi invisible. La Contralora subrogante en el 2007, Sra. Noemí Rojas, era una persona con una sólida base en derecho administrativo, pero siguió inmersa en la cultura organizacional tradicional de la Contraloría, que en otros artículos hemos identificado como: formalista, secretista, jerarquizadora, no participativa, gerontocrática, corporativista y en gran medida, pre informática. La subordinación al Poder Ejecutivo era tan evidente que cuando un ministro llamaba al Contralor, éste iba de inmediato a su despacho, lo que debía haber sido totalmente al revés: que el Contralor llamara a un Ministro y éste fuera corriendo al despacho del gran fiscalizador.
La excusa permanente de los diversos contralores es que la Contraloría carece de popestades y recursos. Pero parte de esa excusa fue resuelta de manera generosa al otorgársele nada menos que 25 millones de dólares para hacer las reformas necesarias. Esta suma fue aportada por el BID (a través de un préstamo) y por el gobierno chileno en el año 2002 y ya se ha gastado casi totalmente. Nadie puede decir que fue una suma exigua, porque la Contraloría no es un gran servicio público, más aún, es posible que sea la modernización más cara que se haya realizado en el sector público y sus logros son difíciles de precisar.
Aunque aún no hay una rendición pública de cuentas de las transformaciones y resultados alcanzados no se puede apreciar que la fiscalización haya mejorado, la corrupción masiva es ya una constante en nuestra Administración Pública.
La designación del nuevo Contralor, Sr. Ramiro Mendoza, fue un largo tira y afloje entre Gobierno y oposición que parece haber sido ganado por la oposición, la que ha intentado transformar a la Contraloría en una especie de agencia fiscalizadora de sus denuncias y el gobierno, naturalmente, tiene otra óptica.
Lamentablemente, la modernización de la Contraloría se realizó (si es que ya se efectuó) bajo diversos contralores y abundan los gastos en asesoría, que, como se ha demostrado en innumerables casos, son muy difíciles de verificar y hay otros desembolsos en intereses y gastos financieros imprecisos y hasta se ha mencionado que una parte de los recursos se había asignado para mejorar las jubilaciones de funcionarios muy ancianos que finalmente resolvieran retirarse,. Sin embargo, no fue necesario usar estos fondos para la modernización en mejorar los estímulos para jubilar pues el gobierno entregó fondos adicionales para este objetivo, aunque no se ha logrado que los viejos funcionarios se retiren, pues prefieren seguir ganando sus sueldos completos y mantener la tradición de la institución: “De la Contraloría a la tumba”.
La Contraloría, como toda institución de la Administración Pública, tenía su cultura administrativa específica, resultado de tradiciones, virtudes, vicios y privilegios. Entre los vicios que hemos denunciado en numerosas oportunidades existía el de “las horas grises”, costumbre de los profesionales que siendo funcionarios de la Contraloría eran (o son) simultáneamente profesores universitarios, hasta existía el caso de un funcionario que era director de una escuela universitaria y subjefe de una División de la Contraloría, lo que le exigía cumplir con dos jornadas completas al día. Este escándalo fue resuelto durante el período de la Sra. Noemí Rojas, como Contralora subrogante y se puso término a las funciones de dicho funcionario, después de largo tiempo de permitirlo sin objeciones. Otros muchos casos eran horas de clases en universidades, pero que no eran ni autorizadas ni reemplazadas, como lo establece el Derecho Administrativo. También existían los dobles sueldos, ya que durante la jornada de trabajo se les encomendaba a algunos profesionales que hicieran clases de capacitación en servicios públicos, las que se realizaban superpuestas a la jornada regular y recibían un pago adicional. Estoa vicios eran conocidos y aceptados por todos, pero el Contralor Sr. Sciolla puso término a estos hábitos y ahora sólo se pagan las horas de clases realizadas fuera del horario de trabajo.
El nuevo Contralor ha procedido a cambiar a varios de los antiguos y veteranos jefes que no querían jubilar, estos cambio pueden significar el comienzo de un rompimiento de la cultura gerontocrática y la apertura a nuevas promociones. Además la inversión de 10 millones de dólares en equipamiento computacional puede ser otra muestra de cambio. Lo que sabemos es quién está a cargo del software: ¡SONDA! Lo que nos parece terrible, después del fiasco de esta empresa en el Transantiago. SONDA tiene la mantención del sistema SICOGEN de contabilidad que opera paralelamente con el sistema de gestión financier SIGFE de la Dirección de Presupuestos, lo que parece una evidente duplicidad.
Un enfoque positivo del actual Contralor es la oposición al frondoso aparato de auditorías ministeriales creadas durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, las que han servido sólo como justificatorias de los gastos de los servicios públicos, ya que carecen de totalmente de independencia y sólo son una complejidad adicional en los procesos administrativos. Estas complejidades innecesarias son las que favorecen la corrupción.
El nuevo Contralor ha puesto énfasis en diseñar nuevas metodologías de fiscalización y se empezará a revisar servicios completos al azar. Estas modalidades son importantes, pues la Contraloría no debe ser servil de la oposición y menos del gobierno.
Sin embargo, queda pendiente la gran cuestión: ¿Quién controla al Contralor?
No se trata del formalismo de referirse al rol del parlamento o el Ejecutivo en este ámbito. El gran contralor del Contralor debe ser la ciudadanía, pero esto puede resultar una mera declaración demagógica si no existen mecanismos que la hagan operar. El principal mecanismo es la transparencia, El Contralor se ha referido apoyándola, pero a la vez su política es negarse a dar entrevistas de prensa, lo que parece contradictorio. Los periodistas no reciben, por ejemplo un informe del uso de los 25 millones de dólares empleados en la modernización y deben obtener información indirecta a través de difíciles investigaciones. Esto evidentemente no es transparencia, sino que lo inverso: opacidad.
En muchos países modernos, las instituciones fiscalizadoras están en permanentemente contacto con la prensa y hay canales fluidos de información. Esta es la forma efectiva de hacer transparencia.
Es evidente que los millones de dólares de nuestra preocupación no se utilizaron exclusivamente durante el período del actual Contralor, pero lo que interesa es que la información de la Contraloría llegue a la sociedad y no se refiere a la persona del Contralor, sino que a la institución en su conjunto. Pero el responsable de brindar esta información es el actual Contralor.