Equidad carcelaria

El Gobierno ha formado un Consejo Asesor para la Equidad Social para tratar especialmente la situación de los más pobres. Esta institución se crea por el llamado que la Iglesia Católica, a través del obispo Goic, para recuperar su olvidado compromiso con los pobres y trae a la discusión nacional los olvidados conceptos de Ética y Equidad.

En un plano levemente distinto, muchas opiniones han surgido al detener al prófugo violador de los derechos humanos, general Raúl Iturriaga Neumann y su transitoria reclusión en el Penal Cordillera. Este hecho puso en el ámbito de la discusión política la existencia misma de este penal, cárcel especial diseñada para que cumplan sus condenas los altos oficiales violadores de los derechos humanos. Esta Cárcel ha sido calificada por el abogado defensor de los derechos humanos, Nelson Caucoto, como “hotel de cinco estrellas” y por el Director Ejecutivo de Amnesty International como “privilegio inaceptable”.

 Esta cárcel es una institución que muestra la debilidad del proceso de justicia en los casos de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar entre 1973-1989. Estos violadores siguen conservando sus rangos y sus abultadas pensiones. En los procesos, las Fuerzas Armadas financian a los mejores y más caros abogados defensores, de manera que resulta la paradoja de que el Estado los procesa con los recursos normales y al mismo tiempo una de sus instituciones (el Ejército) los defiende con recursos excepcionales.  En alguna medida esta situación explica que los procesos duren 20 o más años y en muchos casos no terminen nunca y sólo unos pocos de los imputados sean finalmente condenados. Pero la condena tiende a ser lo más suave posible  y en el caso específico del Penal Cordillera hay especial consideración para los condenados.

En este Penal, ubicado al interior de un establecimiento militar, sólo hay siete u ocho condenados, que disponen de cinco bungalows, que incluyen dormitorios, baños, cocinas y sala de estar. Cada una de estas viviendas dispone de teléfono y TV cable.  Las casas están en un parque con cuidados jardines y salas de juego, cancha de tenis y barbacoa para los asados que les preparan a los condenados al aire libre. Es el único penal del país que tiene más gendarmes (45 guardias) que presos, para poder mantener los servicios que se les otorgan a los condenados. Además pueden recibir a sus familiares y amigos con muy pocas limitaciones, diariamente de 10 a 17 horas.

En el Penal Cordillera hay más de 6 gendarmes (6,4) por cada preso. Si esta misma tasa se aplicara a los otros penales del país sería necesario tener 281.139 gendarmes, lo que es superior al total de los funcionarios de toda la Administración Central de Chile y sería necesario contratar más de 250.000 gendarmes adicionales.

Interesa comparar la situación de los presos políticos durante la dictadura y la de los generales recluidos en el Penal Cordillera. Las personas que eran detenidas por la DINA o CNI (policías secretas de la dictadura) eran conducidas a recintos secretos donde eran torturados permanentemente. En la Villa Grimaldi (que hoy es el Parque de la Paz) los detenidos debían permanecer en celdas de 70 por 70 centímetros y de un alto de 2 metros. Allí debían estar durante 22 horas al día, y sólo eran sacados para hacer sus necesidades o para ser torturados. En esa celda se ponía a dos o más presos políticos en cada celda y era imposible tenderse para dormir, de manera que había que estar hincados o de pie en forma permanente durante días o semanas.

Después de permanecer en estos recintos tiempos variables, generalmente de varios días, semanas o meses, los presos tenían diversos destinos, algunos fallecían o morían en las torturas, sus cadáveres eran ensacados con un riel de fierro amarrado al cuerpo  y desde helicópteros eran lanzados a alta mar. Otros, que quedaban vivos pero maltrechos, eran conducidos a campos de concentración o recintos ilegales de prisión. Finalmente algunos eran dejados en libertad, generalmente heridos, quebrados o con daños irreversibles, en cualquier lugar para ejemplo de la población. Otros eran enviados a los recintos carcelarios normales y eran procesados por leyes dictadas por la misma dictadura., lo que significaba en todos estos casos, de largos períodos de varios años de prisión como procesados o condenados.

Para los que había sufrido estos calvarios y llegaban a las cárceles oficiales, la situación carcelaria les parecía excelente, en comparación con la situación anterior. Sin embargo, su situación era inhumana. Habitualmente debían permanecer 15 o más horas diarias encerrados en celdas diseñadas para dos presos pero donde se ponía a ocho personas.

Actualmente hay 176 penales de diverso tipo en el país y una población carcelaria 44 mil presos, 18 de estos recintos están calificados como “malos” y se necesitan 4 mil gendarmes adicionales para las 10 cárceles en construcción y para superar el actual déficit de dotación. El costo mensual de cada preso se estima en $500.000 (unos mil dólares), pero el Penal Cordillera tiene costos que deben ser 10 veces más porque se tiene más gendarmes  que presos y además hay que considerar que implica un costo adicional para el Ejército, ya que es un recinto ubicado dentro de un recinto militar, lo que implica que muchos servicios que se otorgan a los uniformados también llegan a los condenados de este recinto,

La ilustración  que se presenta a continuación, realizada por un  preso político, ilustra las condiciones que tenían en la Cárcel Pública de Santiago en 1986, que era una cárcel muy aceptable y en un período en que la represión disminuía. Esta situación puede compararse con lo descrito sobre el Penal Cordillera, con condenados que han participado en procesos con todas las garantías de un Estado de Derecho, sin ningún apremio y con goce de libertades provisionales o condicionales, en muchos casos y que sólo pudieron ser condenados después de 30 o más años, durante los cuales evadieron sus responsabilidades.

Con esta exposición intentamos mostrar que la equidad o igualdad no se limita sólo a la situación económica, sino que se manifiesta en muchos otros aspectos, ya que los que gozaron de privilegios durante toda su vida, siguen gozando de ellos, aún cuando hayan sido procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad.

 Naturalmente no se intenta que los presos del Penal Cordillera sufran las penalidades que sufrieron los presos políticos. Los derechos de esos presos deben ser garantizados, porque esa es la naturaleza de los derechos humanos y no puede haber excepciones. Pero también, por su misma naturaleza, los violadores de los derechos humanos deben sufrir sus condenas en situaciones de equidad, es decir en penales similares a los que actualmente existen para los delincuentes y criminales comunes, sin ningún agravante, pero también sin ningún privilegio.

 
El penal Cordillera fue creado durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, medida criticada por muchos sectores incluyendo jueces de la Corte Suprema. El Director de Gendarmería ha anunciado que ya no se enviarán más violadores de los derechos humanos a ese recinto e incluso el general Raúl Iturriaga Neumann, que estaba prófugo, cuando fue capturado fue enviado a ese penal en agosto del 2007  pero se le trasladó a otra cárcel que tuviera mayor seguridad para impedir otra fuga. Sin embargo, sólo se ha indicado la posibilidad de cerrar el Penal Cordillera, sin que hasta ahora haya una decisión específica sobre el tema, lo que significa mantener los privilegios de estos presos.

  (En la PW www. probidadenchile.cl del autor se puede ver varios libros sobre la situación de los presos políticos durante la dictadura.)

    20070824

El autor fue investigador de la Vicaría de la Solidaridad y Jefe de Estudios de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.