Crisis de la Ética Pública en Chile

Crisis de la Ética Pública en Chile

 

Patricio Orellana Vargas

 

Introducción

Para los clásicos griegos la ética era esencialmente pública y se refería al comportamiento del hombre en la ciudad. La diferencia entre lo público y privado es un tema muy posterior y que se refiere esencialmente al individuo y tiene relación con la privacidad de la vida personal.

 De la misma manera, la ética para los griegos era esencialmente la política o la forma de hacer política y sus fines. En el Renacimiento Maquiavelo provoca la definitiva separación entre lo ético y lo político. La ciencia política desplaza a la ética al desarrollarse el cientificismo que pretende basarse en la objetividad y rechazar la incorporación de valores.  En el campo de las ciencias sociales la economía se acepta como la más “científica” de ellas y rechaza rotundamente la ingerencia de los valores y principios en su análisis.

 A través de este desarrollo, la ética quedó relegada en el ámbito de la Filosofía y  dedicada a la búsqueda de los principios universales que definirían el bien frente a su opuesto el mal.

  En el ámbito concreto de Chile, la Economía se ha transformado en la ciencia social suprema, especialmente en función de su matematización y su concepción política ha adquirido el mismo nivel. Es así como el neoliberalismo y su    máxima expresión, el capitalismo salvaje se presentan como la ciencia económica y como el único camino para el desarrollo económico.

  Desde nuestra perspectiva, esta ciencia carente –aparentemente- de valores rechaza cualquier principio ético y propugna una sociedad que funcione atendiendo exclusivamente a los resultados y la eficiencia. Sin embargo, es evidente que la economía tiene una base valórica ineludible que puede ser vinculada directamente a la escuela ética del hedonismo que floreció en África en el medio cultural de la Grecia clásica. De allí vienen los principios de la maximización de  los beneficios o satisfacción así como la minimización de los costos y los esfuerzos.

  Esta combinación ambigua de objetivismo y subjetivismo es el trasfondo de la ciencia económica actual y en su esencia es la ideología predominante de los que detentan el poder y que con ella garantizan la continuidad de esta situación.

Es evidente que la ciencia existe, pero en el ámbito social no puede dejar de estar contaminada de los intereses concretos de los agentes sociales, es por ello que la objetividad de la ciencia económica es el más sólido fundamento para aplicar una política neoliberal y lograr el desarrollo de un capitalismo salvaje, cuya más clara expresión es la mantención de una distribución del ingreso regresiva que ha empeorado sustancialmente en relación la que existía antes de 1973, época en que se empezó a implantar el neoliberalismo en Chile. (French-Davis 2004)

 La argumentación anterior conduce a considerar que la ética está en un plano diametralmente distinto de la ciencia económica y de la ciencia política, lo que nos parece aberrante. Nuestra tesis es que la realidad  social no puede ser segmentada arbitrariamente y que los valores, productos sociales por excelencia, están presentes e insertos intrínsecamente en las ciencias sociales.

El neoliberalismo exalta otros principios sociales: el egoísmo y la desigualdad social extrema, el éxito como fin social supremo, la deshumanización de las decisiones y la postergación de cualquier política social centrada en la salud, el empleo, la educación y en general el mejoramiento de la calidad de vida.

De esta manera la economía neoliberal como ideología predominantes crea un marco social valórico que  exalta lo que en la tradición ética son considerados  como desvalores. El éxito en los negocios se transforma en el indicador principal de la ética no importando cómo se logró ese éxito. Así, el constructor de pistas de aterrizaje que se deshacen a  as pocas semanas de construidas, el dueño de la empresa que construye casas sociales que se inundan con las primeras lluvias o el ingeniero que logra que se coloquen en los buses de Santiago cobradores automáticos (antes de Transantiago), que nunca funcionaron, viven de las ganancias de esos proyectos sin recibir ninguna sanción y hasta gozan de la privacidad, pues ni siquiera son identificados. Empresas prestigiosas recurren a la asesoría de empresas fantasmas que facilitan el no pago de impuestos a través de redes corruptas con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Otras exportan cables de cobre que han sido robadas de las redes eléctricas locales. Todo esto es posible con la colaboración de agentes públicos corruptos.

En este marco, la ética pública no se refiere exclusivamente a la búsqueda del bien y esencialmente la práctica de éste como sostenía Sócrates, sino que específicamente se refiere al uso del poder político de quienes administran el Estado. En consecuencia entendemos la ética pública como los principios y comportamiento de los políticos, los funcionarios públicos y los ciudadanos en relación a la forma como manejan los recursos que la sociedad reúne para cumplir los fines sociales del Estado. En términos prácticos los fines, en este caso, los principios, están definidos en las leyes y las políticas y su realización es la probidad pública, es decir el comportamiento ético. En la medida que los recursos mencionados se desvíen hacia fines particulares, contradiciendo las finalidades sociales que se les habían asignados estamos en presencia de la corrupción, que es la negación de la ética pública.

Corrupto es por lo tanto “el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura social” (Transparencia Internacional Latinoamericana y El Caribe, 1999). En Chile la Comisión Nacional de Ética Pública lo definió así: “Hay corrupción  cuando un agente público en el ejercicio de las funciones que le atribuyen la legislación vigente, y a través de las mismas, consigue un beneficio privado” (que puede ser monetario o de otra naturaleza) (Comisión Nacional de Ética Pública, 1994).

La corrupción así definida, establece como sujeto al “agente público” ya que sin su cooperación activa o pasiva, la corrupción no puede existir. Pero el “agente público” ¿quién es? Evidentemente es el funcionario público que tiene poder, es decir, cierto grado de  discrecionalidad que le permite tomar decisiones que lo beneficien a él o a sus asociados.

 Sin embargo, es un fenómeno complejo que presenta muchas variantes. En primer lugar la corrupción típica es simplemente el robo de recursos estatales, lo puede realizar el “agente” mencionado o un funcionario de cualquier nivel, el que difícilmente tiene lo que llamamos “poder”. Es por eso que Klitgaard  establece que la corrupción es la relación entre el agente, el funcionario y el usuario que cumple con el fin de desviar recursos públicos hacia fines particulares. En este modelo, el agente (jefe) es el que impone la probidad y la controla, el funcionario es quien realiza el acto corrupto a instancias del usuario o privado. (Klitgaard 1990).

Pero el acto corrupto puede ser muchísimo más complejo aún: el principal sujeto es el denominado “agente” porque es quien puede decidir y en el caso chileno, el agente es el político que ha sido colocado en esa posición de poder en virtud de su adhesión a quienes controlan el gobierno. (La derecha los denomina “operadores políticos”) y es quien corrompe. La intervención del funcionario y del usuario pasa a ser muy secundaria y la corrupción se centra en el “jefe”, el que tiene poder de decidir en la estructura administrativa. Los diversos casos de corrupción según sus agentes configuran al menos seis tipos de relaciones, que no corresponde tratarlas aquí. (Orellana 2001).

La singularidad del caso chileno-aunque no es excepcional- consiste en que además de las relaciones mencionadas está la presencia del Partido Político que coloca y controla a los mencionados “jefes”, los que deben recaudar recursos para que el Partido y la coalición gobernante sigan en el poder. A esta relación se le da un contenido operativo y se ha construido lo que hemos llamado ideología de la corrupción.

La cultura de la corrupción.

La corrupción se ha incorporado a la cultura chilena, poco a poco ha pasado a ser un hecho normal que es aprobado por los líderes que guían el desarrollo cultural del país.  Antes de la dictadura militar, Chile era bastante probo, pero este rasgo cultural fue erosionado por el poder omnímodo de la dictadura que facilita la difusión de la corrupción entre los poderosos y que la democracia posterior incorporó a su bagaje cultural, ya que permitía establecer privilegios para los dirigentes políticos comparables a los que gozan las elites empresariales.

Hay países donde la corrupción es reprobada en forma casi universal por la sociedad, esto ocurre especialmente en los países nórdicos y en sociedades donde se ha logrado éxito en la lucha en contra de la corrupción  como Singapur, Hong Kong, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y varios países europeos occidentales y también en alguna medida en Estados Unidos.

Hay otros países, en los cuales la corrupción ha pasado a ser parte integral y  hasta sustancial de la cultura vigente. Los casos más conocidos son Italia, México y Venezuela. En esos países, la corrupción se institucionalizó a través de algunos partidos políticos, en Italia a través de la Democracia Cristiana y sus nexos con la mafia, en México se difundió socialmente a través de la organización del  PRI y en Venezuela por medio del poder alternado por el COPEI (social cristiano) y el ADECO (socialdemócrata). Hay numerosos otros casos, pero estos son los más paradigmáticos y los más estudiados, especialmente el caso italiano que ha sido estudiado como el triángulo de acero: crimen organizado-clientelismo-corrupción. (Cagliaci 1996, Salvi 1994).

En estos países la corrupción fue aceptada socialmente y hasta se le consideró beneficiosa. En Italia se llegó a argumentar que la corrupción contribuía a la democratización y se construyeron teorías basadas en las cifras macroeconómicas que demostraban que la corrupción no provocaba daño social, ya que el país crecía espectacularmente y hasta alcanzaba los primeros lugares en productividad en el continente europeo.

Al generalizarse la corrupción, muchas más personas percibían ingresos adicionales por esa causa (coimas, prebendas, cargos, subsidios, contratos, excepciones, etc.) y además eran los que tenían más poder y podían ejercer una mayor influencia en los cambios culturales. Los que eran perjudicados con la corrupción, no percibían el perjuicio o no tenían capacidad para cambiar la situación.

En estos países, los grupos dirigentes, activa o pasivamente, generaron una ideología favorable a la corrupción: Esta ideología se expresaba en los conceptos populares “todos somos débiles”, “el hombre tiene una parte de ángel y otra de demonio”, “los italianos somos así”, “todos tendemos a aprovecharnos”, “hay que aprovechar las oportunidades”, “si no me aprovecho yo, otro lo hará, “la corrupción está en la cultura”, “somos corruptos por raza”, etc, etc.

Junto a este fatalismo racial, cultural y moral, se le agregaron justificaciones idealizadas. En Italia el personaje corrupto fue transformado en héroe en la excelente película “Il sorpasso” de Vitorio Gassman. En Estados Unidos se humanizó a los mafiosos y uno de ellos (en “El Padrino”) hasta era un héroe de guerra y en muchos libros y películas se les retrata acentuando sus rasgos humanos y sentimentales o como luchadores en contra de grupos más perversos aún.

El otro elemento cultural que transformó a la corrupción en un fenómeno natural y aceptable fue el humor. Así el tema era sacado del ámbito de la delincuencia y de la preocupación social. Se construyeron innumerables chistes que justificaban la corrupción y demostraban que era o normal o general. En Italia, hace algunos años me contaban el caso de un ciego que fue detenido por conducir un automóvil.¿Cómo podía hacerlo? porque tenía la licencia de conducir otorgada por un municipio corrupto. Pero de todas maneras un ciego tiene imposibilidad de conducir. Lo que ocurría es que no era ciego, sino que un médico corrupto le había otorgado los certificados de ceguera. ¿Para qué? Para conseguir una pensión de ceguera que le había otorgado el instituto previsional corrupto, sin los exámenes legales. Así el conductor ciego, además de poder conducir como ciego, podía vivir sin trabajar sin ser ciego.

Este chiste era celebrado como una prueba de la picardía italiana, lo que en Chile llamaríamos pillería criolla.

En México, en la época del PRI, se celebraba la habilidad para el pluriempleo, es decir, conseguir varios empleos públicos simultáneos, que exigirían que el titular trabajara unas 48 horas diariamente. 

En Venezuela, la corrupción generalizada era compartida por todo el sistema político y se consideraba que era intrínseco a la democracia. Los beneficios del petróleo eran absorbidos en gran medida por la clase política, se entendía que la lucha política era conseguir el poder para disfrutar de la corrupción y había un acuerdo pendular, una vez le tocaba a un partido y a la siguiente al otro. De esta manera los dos partidos obtenían beneficios de la corrupción. (Pérez 1994).

En estos tres países, la cultura que legitimaba la corrupción comenzó  a erosionarse por el surgimiento de otros grupos que lograron respaldo popular precisamente porque la corrupción había llegado a tales niveles que se produjo una saturación que debilitó a los partidos reinantes. En Italia fue representado por los comunistas renovados y por los empresarios del Norte, en México por el triunfo del derechista PAN y el desarrollo de una izquierda y en Venezuela por Chávez y su doctrina bolivariana que incluía como lema principal la lucha en contra de la corrupción.

Sin embargo, la cultura de la corrupción sobrevive e irrumpe nuevamente, en Italia con Berlusconi y el ingreso de la mafia al mundo de los negocios, en México con la corrupción del PAN y el fortalecimiento del PRI y en Venezuela con intentos de golpes de Estado y la unidad de todos los que usufructuaban del régimen anterior.

Cada país que sufre la corrupción desarrolla facetas variadas y distintas que van fortaleciendo una cultura de la corrupción.

En Chile, si intentamos analizar someramente estos factores se pueden apreciar los siguientes rasgos.

En primer lugar interesa tratar de establecer la dimensión o magnitud de la corrupción, tarea imposible dado que es una acción delictual que sus sujetos intentan ocultar a toda costa. Simultáneamente, hay grandes intereses políticos envueltos que también intentan ocultar, disminuir o minimizar este proceso, mientras que otros poderes de esta misma naturaleza intentan lo opuesto, es decir, magnificarla o agrandarla. De esta manera el panorama resulta muy confuso, amparado en la tradicional opacidad que caracteriza al sector público chileno que durante décadas ha desarrollado una cultura burocrática del secretismo.

Otro factor que induce a la confusión son los indicadores internacionales de Transparency International y World Bank, los que ubican a Chile como el país más probo (o menos corrupto) de América Latina. Paralelamente a la buena ubicación de Chile en las mediciones de probidad, ocurre la paradoja de que en cuanto a transparencia Chile figura en los últimos lugares. Parece imposible que en un país sin transparencia se sepa que hay probidad. La falta de transparencia siempre va acompañada de corrupción y es el requisito para su existencia, pues si se sabe que hay corrupción hay una reacción ciudadana.

Los indicadores sobre corrupción que tanto el Instituto Libertad como el Instituto Libertad y Desarrollo han intentado construir han fracasado ya que se centraban en la opinión de los empresarios o líderes sociales selectos, los cuales tendían a expresar simplemente sus opiniones anti estatistas y no se centraban en la corrupción confundiéndola con la ineficiencia, intervención o lentitud de la burocracia pública.

Finalmente, los casos de corrupción denunciados ante los tribunales no se sabe si efectivamente son casos de corrupción hasta que haya una sentencia a firme, lo que en el sistema judicial antiguo era de una extrema lentitud, que podía demorar décadas.

Sin embargo, hay ciertos hechos políticos y judiciales, entre 1983 y el 2003 se registran 282 casos de corrupción según datos de El Mercurio, el Instituto Libertad y nuestros propios registros (Orellana 2004).

Un indicador indirecto cuantitativo es la repercusión que la corrupción tiene en la prensa. Esta información señala que los años 2004 y 2006 son los períodos con mayor número de artículos y los datos de los primeros meses del 2007 indican que es posible un aumento.

Chile

Artículos de prensa sobre corrupción

2000-2007

Años

 Artículos
2000* 2733
2001 1.717
2002 3.348
2003** 3.999
2004 1.989
2005 2.513
2006 4.198
2007*** 957

 

 Fuente: Biblioteca del Congreso, Chile (artículos de prensa según indicadores corrupción e irregularidades).

NOTAS. Los artículos de prensa corresponden a El Mercurio, la Tercera, La Nación, La Segunda, La Hora, Publimetro, El Diario Financiero, Estrategia, La Cuarta, Qué Pasa, El Periodista, Punto Final, El Siglo, Ercilla,  7+7, Cosas  y Caras, Las Últimas Noticias, The Clinic y El Mercurio de Valparaíso. No incluye la prensa de provincia excepto El Mercurio de Valparaíso. *La información para este año no es completa, pero abarca los diarios principales.**En una información anterior esta cifra era un poco mayor, pero fue revisada y modificada posteriormente.  *** Corresponde al período hasta el 24 de febrero de ese año.

  Crisis y valores.

 Un enfoque de crisis es el proceso histórico de cuestionamiento, revisión y restablecimiento de los valores de una sociedad. ¿Ésta es la situación de Chile? Creemos que no, la sociedad produce valores que están muy bien asentados y simultáneamente hay grupos e instituciones sociales que propugnan el cambio.

Los valores vigentes son los del neoliberalismo que inundan todos los resquicios de la cultura vigente. El cuestionamiento de los valores del neoliberalismo es muy débil e incoherente. De manera que no es una crisis de valores lo que enfrenta la sociedad chilena. Si así fuera habría una propuesta social alternativa de trascendencia y evidentemente ella no existe. Hasta el  candidato de la derecha, Sr. Joaquín Lavín sostiene que el modelo vigente es compartido por toda la sociedad chilena y que la diferencia entre gobierno y oposición está en la administración del modelo.

Sin embargo, sostenemos que hay una crisis en relación a los valores en el ámbito de la probidad pública. ¿Cuál es crisis? Nuestra tesis es que se trata de una crisis de saturación, entendiendo por tal el exceso de vigencia descarnada de los principios del neoliberalismo en todos los ámbitos y especialmente en la política. El abandono de los principios éticos tradicionales- en este caso que los recursos del Estado sean usados en los fines que la comunidad transparentemente le ha asignado- y su reemplazo por una ética relativista es la naturaleza de la crisis que enfrentamos. Esta crisis se manifiesta en que se construye una ideología que explica y justifica que los recursos del Estado sean desviados hacia el financiamiento de los partidos políticos, la que simultáneamente genera filtraciones hacia los bolsillos personales de los que operan el sistema de desvío de recursos estatales, ya que estos operadores reconocen  que su rol debe ser compensado por los riesgos que implica.

En consecuencia la crisis es el exceso de corrupción vigente y  que esa corrupción es justificada por importantes agentes sociales, especialmente partidos políticos gobernantes, empresarios y  operadores que se enriquecen en el proceso. Sus defensores se fundamentan en el relativismo ético y en la real politik, que en síntesis se basa en que la corrupción es un fenómeno normal, de la cual ninguna sociedad está libre y que las medidas políticas que se adopten en todos los ámbitos no deben regirse por principios sino que actuar en función de los resultados. La expresión más clara de estas teorías justificatorias se ha aplicado en el ámbito de los derechos humanos y la frase del presidente Aylwin la ilustra plenamente: “justicia en la medida de lo posible”. A su vez el ex presidente Lagos califica a la corrupción como “hojarasca” comparada con las grandes realizaciones de la Concertación.

Los partidos democráticos que sustentaban los grandes principios de los derechos humanos, de la igualdad, la dignidad del ser humano, la justicia social, el desarrollo económico, la superación de la pobreza, la independencia económica, han tenido que abandonar estos ideales porque el golpe militar de 1973 les demostró que eran irrealizables por el poder de los grupos económicos apoyados por la fuerza castrense. El temor los ha inhibido de intentar cualquier cambio trascendente y la carencia de un modelo alternativo al neocapitalista salvaje, les ha impulsado a ser los meros administradores del sistema y han caído en la tentación de profitar de él sin cambiarlo, impulsados por una globalización que exalta el éxito personal como la acumulación de riqueza a toda costa. La actitud de las otras grandes instituciones sociales ha fortalecido este proceso.

La ideología.

Todas estas instituciones producen un flujo de falsas ideas muy convincentes que no tienen crítica ni elaboración de alternativas.

En primer lugar se ha elevado a la Economía al nivel de ciencia infalible y sus interpretaciones neoliberales son la verdad que guía toda la política económica. La economía está libre de valores y principios y es la ciencia. La ética no tiene carácter científico y es meramente un conjunto de valores subjetivos para los neoliberales.

En segundo lugar, existe la convicción nacional de que la corrupción no es grave y ello está avalado por los indicadores internacionales y hasta por las encuestas nacionales que habitualmente no consideran la corrupción como un problema relevante. Esta percepción es la mejor garantía para que avance la corrupción pues reduce el problema y hasta lo declara inexistente.

En tercer lugar la sociedad civil carece de organización y los esfuerzos en el plano de organizar un control social han fracasado hasta ahora. Sólo Chile Transparente ha logrado mantener su existencia con un sólido respaldo extranjero, pero su estrecha colaboración con el gobierno le ha restado independencia..

Todas las Universidades y los afamados “Think tanks” de la Concertación y la oposición no se preocupan centralmente el tema de la corrupción. Los esfuerzos del Instituto Libertad de construir un índice chileno de la corrupción fracasaron porque era una mera expresión partidaria, el posterior esfuerzo del Instituto Libertad y Desarrollo es también una expresión de los empresarios, terminando en críticas a la fiscalización del gobierno y a la existencia misma del Estado como obstáculo al desarrollo de las empresas, desviándose del tema que era su objeto: la corrupción.

La ideología de la corrupción.

El tema de la ideología de la corrupción ha sido traído al debate nacional por los destacados dirigentes  Schaulson, Martner (Martner, 2006 ) y Boeninger a fines del año 2006. Este tema había sido presentado en nuestra página WEB el 8 de agosto y el análisis que se hacía se ha incorporado a este artículo (www.probidadenchile.cl) y en parte nos remitimos a él.

Pero ¿la corrupción es simplemente expresión de la tendencia al mal de todos, como sostenían los cátaros? ¿O la corrupción es una acción virtuosa?

La negación y el olvido, como excusas generalmente sirven ante los tribunales y la sociedad, pero además se necesita que el mismo corrupto se justifique a sí mismo.

La ideología es la producción de ideas razonables que explican ciertos hechos o comportamientos. Ningún corrupto cree que es un malhechor, al contrario considera que está haciendo lo correcto en función de altos principios o en atención al sacrificio y esfuerzo que él realiza y que deben ser compensados.

Los corruptos producen una ideología justificatoria de la corrupción. En el caso del gobierno militar, la justificación era el sacrificio que implicaba ejercer el poder público, este sacrificio debía ser compensado debidamente. Dado que los sueldos los encontraban reducidos, la solución fue la de doblar los sueldos y establecer “los sobresueldos”. Además establecieron las indemnizaciones a todo evento, estableciendo fuertes desahucios cuando dejaban algún cargo en las empresas públicas o se trasladaban de cargo en el mismo sector. La gratificación mayor que consiguieron para compensar sus sacrificios fue la venta a vil precio de esas mismas empresas, las que ellos mismos adquirieron.

Los funcionarios concertacionistas se apropiaron de la teoría del “gerente público” que estaba en boga en el ámbito público norteamericano y europeo y la usaron para justificar mantener los mencionados sobresueldos e indemnizaciones a todo evento. De esta manera una lacra de la dictadura fue acogida gozosamente por los directivos públicos concertacionistas.

En ambos casos, la construcción de este sistema de privilegios se fundó en argumentos muy convincentes para ellos mismos, de manera que la corrupción dejó de ser corrupción.

En el caso de la Concertación, la otra justificación fue la democracia misma. Evidentemente que las elecciones se ganan con votos, pero los votos se consiguen convenciendo a los electores con una buena propaganda y la propaganda cuesta cara. ¿De dónde sacar recursos? La derecha tiene el aporte empresarial que les permite financiar cualquier campaña electoral, la Concertación sólo logra aportes marginales de los empresarios. Antaño esto se resolvía con la cotización de los militantes y el trabajo voluntario de ellos. Ahora esa mística no existe y hay que buscar otras fuentes. La fuente imaginada es desviar recursos públicos para financiar estas campañas, las formas son muy variadas: encargar a empresas consultoras que realicen  estudios, pagarle generosamente esos estudios, no hacer los mencionados estudios y repartirse el dinero pagado: Probablemente al comienzo, todo el dinero iba a la campaña, pero paulatinamente, tanto la empresa como los gestores empezaron a cobrar una comisión, dado el riesgo que corrían. Probablemente esta comisión fue creciendo con el tiempo y se reducía la parte que era para la campaña. Otro procedimiento fue usar fondos destinados los programas de empleo y asignarlos a activistas electorales, percibiendo un porcentaje cada vez mayor el que operaba estos sistemas. La justificación moral era doble, por una parte, esos recursos eran destinados a garantizar la supervivencia de la democracia impidiendo el retorno de una derecha con antecedentes dictatoriales y por otra cubría el riesgo que corrían los gestores por realizar tareas tan peligrosas.

La hipocresía, el cinismo,  el humor.

Finalmente, toda esta ideología adquiere tres formas expresivas principales: la hipocresía, el cinismo y el humor.

La hipocresía consiste esencialmente en negar el fenómeno de la corrupción y en los casos específicos en el que alguien se ve involucrado es sostener que no se acuerda. El caso extremo es Pinochet que hasta tuvo respaldo médico para justificar sus olvidos. Pero el mismo argumento ha usado, por ejemplo un ingeniero civil joven como  Guillermo Díaz: ha olvidado muchas cosas que se le preguntan en el proceso, otro tanto hacen otros muchos procesados en el caso “Coimas” o en el caso de las facturas falsas. Olvidarse es muy conveniente ya que no acarrea los mismos riesgos que negar algún hecho.

Como hemos indicado el olvido institucional más paradojal es el las Fuerzas Armadas que no tienen información de los casos de violaciones a los derechos humanos porque pasaron hace mucho tiempo o porque ya no están eran activo algunos de los involucrados.

El cinismo es otra forma de la ideología de la corrupción. Se expresa generalmente en rechazar los hechos y sostener que no existen o justificar su existencia como expresiones de un fatalismo social imposible de controlar.  La derecha lo ha usado en relación a la violación de los derechos humanos. Esta violación surge como resultado de la provocación de grupos revolucionarios y violentistas, ante los cuales no se podía hacer otra cosa. Pinochet lo reconoció ante algunos obispos al señalar que la tortura era la única forma de obtener información de esos terroristas.

Este cinismo se expresa también no en la negación de los hechos sino en el desconocimiento de ellos. Los ministros de Pinochet, Fernández y Cuadra, sostiene que ellos no sabían que su gobierno violara los derechos humanos. Otro tanto hacen Cardemil y Novoa, subsecretarios de Pinochet. Los actuales líderes máximos de La UDI y Renovación Nacional, tampoco sabían nada, Larraín de Renovación Nacional declaró que sólo supo de los crímenes de la dictadura con el informe del obispo Valech (que es muy reciente) y el otro Sr. Hernán Larraín, connotado defensor de la Colonia Dignidad, sostuvo que a pesar de conocer mucho la mencionada Colonia y la existencia de numerosas denuncias, sostiene que él no sabía nada de las atrocidades que se cometían en dicha Colonia. En el ámbito específico de la corrupción es exactamente la misma actitud anti ética. El senador socialista Ominami sostiene que él conocía a sus lugar tenientes  electorales que desviaban los fondos asignados a cesantes, pero que no tenía la menor idea que hacían eso. La diputada  Laura Soto sostiene que no conoce a sus dependientes que utilizaron los fondos de los programas de empleo para financiar su campaña electoral, a pesar de que la prensa pública fotos donde ella está con estos sujetos.         

El humor, como en los casos italiano y mexicano, es un arma muy popular y en Chile abundan los humoristas profesionales que toman la corrupción como una cantera  que les proporciona hechos risibles. Hay caricaturas donde al edificio del MOPT le han puesto ruedas, para simbolizar graciosamente que se roban hasta el ministerio mismo. Incluso hay una película titulada “El rey de los h…” y que se refiere a un taxista honrado que devolvió una suma de dinero que encontró. El mensaje es claro: hay que ser pillo y no ser h.

En muchas teleseries los pillos son personajes simpáticos y atractivos. Diariamente, la televisión Nacional exhibe el programa “Los Venegas” Y el personaje más simpático es “el compadre Moncho”, un coimero, aprovechador y haragán. Hay varios cómicos muy aplaudidos que basan su humor en la corrupción o la pillería, incluso uno exalta el alcoholismo como hecho gracioso.

La culminación de esta cultura favorable a la corrupción fueron dos eventos realizados por los ex presidentes Frei y Lagos. Ambos, en ocasiones distintas invitaron a todos sus ministros para agradecerles sus colaboraciones. Naturalmente que entre estos ministros estaban varios que han sido condenados por casos de corrupción o están siendo procesados por esos cargos. De esta manera, los más altos líderes del país legitiman la corrupción.

El humor es un arma de dos filos, puede ser un instrumento eficaz para combatir a determinadas posiciones políticas, pero en el caso específico del fenómeno de la corrupción, la experiencia internacional demuestra que en general ha funcionado como justificador de la corrupción pero difícilmente ha tenido éxito al denunciar la corrupción. En Chile el senador Ávila usó el humor y lo incorporó efectivamente en la lucha y la crítica al dictador, pero no ha producido los mismos efectos en el ámbito de la corrupción, Quizás esto se deba a que ella es un problema tan terrible que no puede tomarse humorísticamente. La página Web “coruptos.cl”, por ejemplo,  no alcanza sus objetivos porque la naturaleza del fenómeno es esencialmente delincuencial y repudiable y no amerita tomarla con la sonrisa como arma.

El relativismo como fundamento teórico.

Toda la orientación de la política de la Concertación es el relativismo político inspirado en las ideas de Max Weber (Ffliflish, Ángel 1982). Así se ha demostrado en el caso de los derechos humanos que ya hemos ilustrado con la idea del  ex presidente Aylwin: “justicia en la medida de lo posible” y manifestada en el Informe Rettig, elaborado principalmente por otro relativista, el distinguido luchador por los derechos humanos y uno de los que ha diseñado la política en ética pública, Sr. José Zalaquet. En este informe se excluyó la tortura, que era el principal instrumento de terror de la dictadura  y se incorporó los casos de uniformados muertos en enfrentamientos, los que evidentemente constituyen  hechos delincuenciales punibles, pero que no tienen la característica de ser violaciones a los derechos humanos, ya que no fueron perpetrados por el Estado ni por sus agentes.

Del relativismo en derechos humanos no hay mucha distancia para incorporarlo como fundamento de la ética pública. Hay fuertes bases y mitos: “la corrupción es inherente al ser humano”, no hay sociedad sin corrupción”, “toda sociedad se organiza en torno al poder y éste genera corrupción”.  Hasta Durkhein, en otro ámbito más general de las ciencias sociales, demostró que no hay normalidad sin anormalidad.

En el campo de le ética Pública la tesis más aceptada es que la corrupción no puede ser eliminada y lo que se trata es de “controlarla” (Klitgaard, 1990). El Informe de la Comisión de Ética Pública mencionado así como el informe de Ferreiro se inspiran en esta teoría (Comisión Nacional de ética Pública 1994, Ferreiro y otros 2006). Destacados personeros de gobierno como Soledad Alvear, están en esta posición, aunque en sus declaraciones  matizan ideas:  “”ha prescrito la hora de los reproches y diagnósticos y ha llegado el tiempo de las voluntades y la implementación” (Alvear, 2006), El ideólogo de la Democracia Cristian, Genaro Arriagada es más explícito aún: “En este sentido la lucha contra la corrupción tiene el sino trágico de que por grandes que sean los compromisos y el esfuerzo, ninguna sociedad obtendrá el triunfo definitivo y total.” (Arriagada, 2006) . Por su parte José Zalaquet recomienda superar los escándalos de los gastos reservados con la sensatez del acuerdo Lagos-Longueira, que legalizó los dobles sueldos y otras corrupciones. (Zalaquet, 2006).  Este tipo de argumentaciones y fundamentos es compartido por políticos de derecha: “Es cierto que hechos de corrupción pueden producirse en cualquier sociedad, y de hecho, más o menos se producen en todas” (Hinzpeter, 2007). Hasta el presidente de Chile Transparente se inclina por posiciones relativistas: “…un país corrupto no es aquel en el que no ocurren casos de corrupción, sino aquel que cuando ocurren, no reacciona…” Y agrega,  analizando los informes del Banco Mundial y Transparencia Internacional  que la rotunda respuesta de que Chile es un país corrupto “al menos se morigera” (Harasic 2006). Un académico muy destacado llega a la conclusión que en el tema de la corrupción, los chilenos “tenemos malas costumbres. No las peores- comparados con el resto de Latinoamérica somos unos atletas morales- pero tenemos malas costumbres” (Peña 2006), adhiriendo en forma algo diagonal al relativismo ético.

En las ciencias sociales y en otras artes como la medicina, el relativismo ha influido poderosamente. Su expresión en política es el cientificismo de Maquiavelo y la real politik de Weber. Hace algunas décadas, en Medicina se planteaba el control de las enfermedades, hoy se acepta la posibilidad de eliminarlas. Se ha pasado de un relativismo a una posición mucho más absoluta y el éxito más significativo de esta posición es la eliminación de la viruela. Hace algunos años el control de calidad aceptaba un porcentaje bajo de errores, ahora en Japón se acepta dos errores en un millón de casos, es un paso hacia posiciones absolutas. En Administración abundan las teorías relativistas, pero hay un claro avance hacia ideas que conciben posiciones más absolutas, por ejemplo las teorías de la excelencia. Las Normas ISO aplicables en ingeniería y administración se inspiran en avances hacia el absolutismo conceptual y rechazan el fatalismo relativista. En la lucha contra la delincuencia el relativismo acepta como normal un porcentaje de delitos, pero las políticas de cero tolerancia han sido las más exitosas. En Ética Pública la teoría de los principios y del cero absoluto empieza a desarrollarse fundada en los principios absolutos que preconizaban Kant y Sócrates. De manera que el relativismo no es la única opción y más aún es una forma encubierta de justificar la corrupción. ¿Será exitosa una política que parte del supuesto de que la corrupción no se puede eliminar y sólo pretende limitarla y controlarla? Con este tipo de criterios poco habría avanzado la ciencia.

El Índice de percepción de la Corrupción que elabora TI y que es el baluarte de los relativistas que aseguran que la corrupción es un fenómeno normal o insignificante en Chile, deberían aceptar que es imposible que algún país sea calificado con la nota 10, que es la máxima y que equivale a la ausencia de corrupción. Conforme a la lógica relativista no podría existir un país tan virtuoso. Sin embargo, si se revisan esos indices se puede verificar que la nota 10 existe en casos concretos y conforme a su lógica, son países donde no hay corrupción.

 En Chile el triunfo del relativismo se expresa en que la Ética Pública ha quedado subordinada a la economía y quien dirige la lucha gubernamental por la probidad es un economista totalmente ajeno a la ética pública y la aplicación de su política ha significado simplemente mayor corrupción, pues en 1994 se aplicó a través de la ley de Probidad y Transparencia y hoy se vuelve a proponer las mismas medidas que abrieron la más ancha puerta a la corrupción a través del relativismo y la subordinación de la ética pública al neoliberalismo.

Las ideologías tienen sujetos –conscientes e inconcientes- que interesa analizarlos en el caso chileno. A continuación mencionaremos algunos.

                                                                                       Las iglesias.

La Iglesia Católica chilena, que tuvo un compromiso destacado con los derechos humanos y la defensa de la dignidad del hombre y la necesidad de no postergar más a los pobres, poco a poco los ha abandonado y ahora sus principios se centran en la lucha en contra del divorcio, el aborto, la eutanasia y el condón. Incluso cuando un vicario apoyó la ley que reglamentaba la sub contratación, que había servido para eludir las leyes sociales, fue desautorizado por la jerarquía eclesiástica señalando que ese era un problema técnico y no vinculado a la religión. Por su parte las iglesias populares evangélicas consideran como pecado central el alcoholismo y se dedican centralmente a su combate.

 Excepcionalmente la Iglesia Católica emitió una carta pastoral condenando la corrupción pero poniendo el énfasis en la necesidad de disminuir la pugna política en función de esa lacra.

Consultado el presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Alejandro Goic por el concepto de “corrupción institucionalizada”, contestó que es evidente que hay hechos concretos de corrupción. “Quizás mi palabra no fue tan precisa. No quise decir yo que el Estado como tal. Yo creo que no. Pero que en algunos sectores del Gobierno hay personas, hechos, actos de corrupción. Eso es evidente y nosotros esperamos que la Justicia y que las comisiones respectivas logren detectar la verdadera dimensión que eso ha tenido”.(El Mercurio, 18 de noviembre del 2006). Insistió en que el país no es corrupto y hay una clase política sana, pero hay focos que preocupan y hay que eliminarlos por el bien del país y por el prestigio de la clase política.

 De esta manera la Iglesia adhiere a la concepción relativista vigente.

 

Las universidades.

Las universidades han eludido el tema ético y esta materia se excluye de casi todos los programas en la formación de profesionales y al mismo tiempo, ninguno de sus institutos de investigación se dedica a estudiar el fenómeno de la corrupción. Así, la Universidad se margina de la realidad social y huye a la ansiada torre de marfil del pensamiento abstracto o técnico, pero no político en el cual no se incorporan los principios.  Este es el panorama general, pero siempre hay algunas excepciones, aunque débiles. La Universidad Alberto Hurtado la asigna especial importancia a la enseñanza de la ética, pero también tiene un enfoque relativista. Uno de sus profesores más destacados brega por la responsabilidad social de la empresa y dicta cursos de postgrado sobre la materia a empresarios y gerentes, lo que parece una ingenuidad cristiana cuando, Milton Friedmann, el  padre del neoliberalismo ha santificado el principio de que “la responsabilidad social de la empresa es maximizar las ganancias”. (Friedmann, 1970).

La Universidad Católica, especialmente a través de investigaciones del académico Alfredo Rehren y otros que ya en 1994 realizaron el segundo seminario sobre “Estado y prevención de las corrupción” se ha interesado marginalmente en el tema. 

La institución universitaria más golpeada por esta crisis de la ética pública es, sin duda, la Universidad de Chile. La enseñanza de la ética sólo se realiza en vinculación directa al ejercicio profesional en Derecho, Periodismo y Medicina. No hay investigación sobre la materia y se llega a extremos que se pueden ilustrar con la siguiente anécdota: a comienzos del 2006, un estudiante de postgrado me solicitó asesoría para su tesis de magíster en la Universidad de Chile. Yo le sugerí que desarrollara el concepto de ideología de la corrupción en Chile. La propuesta fue rechazada porque la mencionada universidad (o el profesor responsable) consideró que ese fenómeno era inexistente en nuestro país. Pocos meses después el tema de la ideología de la corrupción era un problema que toda la sociedad chilena discutía. Sin embargo, también ha habido excepciones como los trabajos realizados por el profesor  Alvaro Drapkin (Drapkin 1988 A y 1988 B) de esa Universidad.

La gravedad de la situación de la Universidad de Chile es que la corrupción también ha penetrado este bastión del saber y de los altos valores. El CIADE de esta Universidad participó activamente en la compleja red corrupta del Ministerio de Obras Públicas y recibió dineros por estudios que jamás se realizaron. Su Director, el académico Nassir Sapag, fue condenado a 541 de prisión por fraude reiterado al fisco así como otros funcionarios del MOPT. En este escándalo figuraron documentos firmados por el ex rector de la Universidad de Chile, quien negó que los hubiera firmado.. Este mismo hecho se trató de eludir despidiendo a algunos funcionarios administrativos que nada tenían que ver con el mencionado fraude. La corrupción en esta Universidad se está investigando judicialmente en el caso de IDECON, Instituto de dicha Universidad que se adjudico mil millones de pesos en asesorías para el MOPT,  con los cuales pagó facturas falsas . Es probable que estos hechos fueran factores determinantes en la derrota que sufrió el ex Rector Sr. Riveros en las últimas elecciones para elegir la nueva directiva de la Universidad

En carreras como Administración Pública, la Ética Pública generalmente es desconocida o debe insertarse como capítulo de otra materia. La excepción en este ámbito lo constituyen la Universidad Central y la de Los Lagos que han incorporado esta cátedra, a pesar de que las organizaciones universitarias internacionales recomiendan la enseñanza de esta materuia desde hace más de 4 décadas.

El poco interés de las universidades por estos temas se manifiesta en que,  hasta ahora, ninguna universidad chilena parece que se ha adherido a alianzas internacionales de universidades que trabajan en conjunto el tema de la ética pública, como la que lideran universidades norteamericanas como la Georgetown.

El resultado de esta situación es que no hay investigación ni teórica ni práctica sobre el problema de la Corrupción en Chile y todos los que participan en discusiones sobre esta materia lo hacen simplemente desde sus concepciones economicistas o desde sus posiciones políticas. Un destacado  autor señala “Lo mismo que con las enfermedades, lo que hay que hacer con la corrupción es estudiarla, de manera de disponer no sólo de percepciones sino de investigaciones.” (Squella, 2007)

En este panorama de ausencia de investigación sobre el tema de probidad-corrupción, la única excepción significativa es la labor de los periodistas y en especial de aquellos que han realizado verdaderas investigaciones sin ningún apoyo institucional (Brescia 2001.Matus 1999, Monkeberg 2001, Traslaviña 2003).   

La corrupción es un problema de primera envergadura para el país. Su desarrollo amenaza la continuidad de la coalición gobernante, lo que sólo implicaría el acceso a la derecha y la mantención acentuada del mismo modelo, pero además es una amenaza a la democracia misma, ya que la lucha en contra de la corrupción es una bandera que habitualmente levantan los que propician regímenes dictatoriales asimilando corrupción a democracia.

Sin embargo, la Universidad de Chile, que en la esencia es la Universidad del Estado, permanece totalmente ajena al tema y el Instituto de Estudios Públicos (INAP) no ha aportado nada a su investigación.

El sistema judicial y la Contraloría.

Evidentemente que el sistema judicial es la expresión organizada del gran principio de la justicia que le dará a cada cual lo que le corresponde.  Sin embargo, se está lejos de alcanzar esa aspiración.

El tema de la probidad no es su preocupación, aunque el sentido de la corrupción es traspasar recursos públicos a bolsillos privados, impidiendo que cumplan su  destino social, lo que desde el punto de vista ético es un delito más perverso que el robar la propiedad privada. Sin embargo, la ética y la justicia tienen poco que ver.

En general, el sistema judicial se ha transformado en la aplicación de normas específicas a una casuística delictual, sin necesidad de recurrir a los principios generales, que caracterizan a los sistemas judiciales modernos. Es el formalismo legal.

En este ámbito hay algunas excepciones, como la perseverancia de la jueza Chevesich en perseguir la corrupción generalizada que se había afincado en el MOPT o el juez Aránguiz de Rancagua que intentó sancionar a políticos relacionados con el caso “coimas”. Pero en general, la teoría sostenida por el jurista argentino,  Luis Moreno Ocampo (Moreno 1994),  que destaca que hay muchas denuncias sobre corrupción, sólo unas pocas llegan al ámbito judicial y de éstas una pequeña minoría es investigada y de esos casos, contados de ellos configuran procesos que llegan a establecer culpables y finalmente casi todos los culpables no son efectivamente sancionados por alguna argucia legal como la prescripción, o los antecedentes impecables anteriores de los hechores. Finalmente, poquísimos de los corruptos son condenados a cumplir alguna leve sentencia, Es evidente que este proceso no es resultado meramente del legalismo formal sino de los poderes fácticos que directa o indirectamente pueden influir en las decisiones judiciales.

Por su parte, en el ámbito de la fiscalización, la Contraloría no tiene autoridad ni autonomía para enfrentar la situación de corrupción, aunque se define como el organismo cuya misión es mantener y mejorar los niveles de probidad. Sin embargo, su falta de transparencia, su permisibilidad, gerontocracia y su formalismo burocrático, más exagerado aún que en el poder judicial, ha impedido que juegue un rol positivo en la lucha en contra de la corrupción. Marginalmente enfrenta algunos casos menores para justificar su existencia y la gigantesca inversión de 25 millones de dólares que se le han entregado para su modernización, se ha utilizado en parte para mejorar las jubilaciones de sus más viejos funcionarios, ya que su lema es “de la Contraloría a la tumba” y constantemente están solicitando nuevos recursos para reiteradas “modernizaciones”.

La fiscalización y auditoría pública en muchos países del mundo es una dependencia de otro poder: el Parlamento. En Chile la Contraloría, en la práctica es un servicio público dependiente del gobierno y carece de una efectiva autonomía y nadie propone su reorganización total.

Las Fuerzas Armadas.

El ejército es la institución ligada a la patria, esto significa que está directamente vinculada a los más altos valores nacionales. Sin embargo, la politización del ejército y su vinculación estrecha al ejercicio del poder, ha desvirtuado su función y actualmente ha reemplazado los principios de la verdad y la responsabilidad por la lealtad a la jerarquía, la obediencia, la excepción y el olvido. Esto se demuestra fácilmente en el comportamiento del ejército  en la mesa de diálogo. Allí , sus representantes sostuvieron que no tenían información sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Es el único ejército del mundo que no considera la información como un elemento esencial en cualquier estrategia militar. Además siguen brindando protección y financiamiento a la defensa legal de los que son acusados de crímenes de lesa humanidad y finalmente han conseguido que los pocos sancionados por estos delitos sean detenidos en prisiones especiales, totalmente distintas que las que tienen que sufrir los civiles que sufren penas de presidio.

Si alguien se atreve a decir que en las filas de las Fuerzas Armadas se formaron las personas que desarrollaron los mayores actos de corrupción, como Pinochet, sus protegidos y numerosos generales que se dedicaron al contrabando de armas y a otros actos de corrupción, naturalmente que sería una afrenta que el osado debería pagar muy fuerte.

En Chile ha habido muchos militares o marinos que han ocupado la primera magistratura, entre ellos Carrera, Blanco Encalada, O Higgins, Freire, Prieto, Bulnes, Pedro Montt e Ibáñez. Todos ellos fueron gobernantes probos, igual que los civiles que ocuparon el mismo cargo. Pinochet es el primer gobernante corrupto en la historia de Chile.

Los esfuerzos por superar el caso del único mandatario corrupto y restablecer los principios tradicionales de un ejército nacional son débiles y contradictorios.

La derecha y el empresariado.

La derecha y el empresariado, le dan poca importancia a los principios, ya que tienen un gran sentido práctico y sólo le interesan los resultados que se expresen en más ganancias. La fundamentación ideológica está en el hedonismo como filosofía inspiradora y en el neoliberalismo que confunden con la Economía y la consideran como una ciencia exacta basada en la objetividad. En muchos países del mundo, el empresariado ha participado en la lucha en contra de la corrupción. Así lo hizo en determinados momentos en Italia. Pero en otros países ha sido la principal fuente de la corrupción, como en Estados Unidos, de donde se ha debido crear toda una parafernalia legal muy rigurosa para impedir la proliferación de la corrupción empresarial, que culminó con el caso de las empresas de auditoría que avalaban maniobras corruptas de grandes empresas y de bancos que lavaban dinero y protegían los recursos de los grandes corruptos, cono el Banco Riggs que negaba información sobre los fondos del general Pinochet.

Las investigaciones judiciales sobre las empresas fantasmas especializadas en asesorar a las grandes empresas para eludir el pago de impuestos y especialmente la existencia de empresas que venden miles de facturas falsas a los empresarios para que puedan eludir y rebajar el IVA es un hecho general en Chile. Hay estimaciones de que al menos 15.000 facturas falsas han sido presentadas por las empresas al Servicio de Impuestos Internos. Otras estimaciones son mucho mayores. Lo que confirma dos hechos graves: el primero que el empresariado tiene como valor incorporado que el que no pagar los impuestos es un hecho aceptable y en segundo lugar que el Servicio de Impuestos Internos, que era el más eficiente de América Latina y uno de los mejores del mundo, ha terminado por integrarse a la cultura de la corrupción. La evasión de los impuestos es una expresión de la corrupción pues su naturaleza es desviar recursos que deberían llegar al Estado para financiar los programas sociales y otros. En cambio quedan en los bolsillos de los empresarios y en los asesores especializados en estos fraudes.

La oposición de derecha.

Parece increíble que la Derecha, no ha centrado su ataques al gobierno en este punto débil, al contrario, el partido más intransigente e integrista, la UDI, le tendió la mano al gobierno de Lagos cuando la corrupción descubierta en el MOPT hizo tambalear a ese gobierno.

¿Por qué la Derecha no se transformó en el paladín de la probidad?

Nuestra explicación se funda en dos hechos:

Para la Derecha, éste es el mejor de los mundos, no hay otro país como Chile, con una distribución del ingreso tan favorable para sus miembros. A la derecha le interesan los negocios y la maximización de las utilidades en ellos. Si Chile empieza a ser calificado como país corrupto, perdería la categoría que ahora tiene internacionalmente como el país más probo (o menos corrupto) de América Latina. Esto afectaría a los negocios internacionales, materia en la cual la derecha es extremadamente sensible. Por ello, probablemente,  prefiere no intervenir frontalmente y buscar otras soluciones como acuerdos, denuncias parciales y exigencias a nivel gubernamental, las que efectivamente consiguió, como la dirección del Banco Central y la paridad en los Consejos de la Alta Dirección Pública, lo que le permite influir en los nombramientos de muchos cargos públicos importantes. Estas concesiones les fueron otorgadas en el gobierno de Lagos.

En segundo lugar, la derecha chilena que durante gran parte de su historia fue un conglomerado que practicó la probidad pública, ha perdido esos valores y más aún, en su último gobierno, el del general Pinochet,  ha sido el más corrupto de la historia del país y la corrupción actual no es sino la prolongación de la corrupción iniciada por ellos en el gobierno militar.

Después de la última elección presidencial (2006), la Derecha parece haber llegado a la conclusión que la corrupción vigente fue el factor que permitió a la Concertación obtener el cuarto mandato presidencial sucesivo y algunos de sus personeros han centrado su quehacer político en la denuncia de nuevos escándalos de esta naturaleza. Este vuelco de la oposición ha generado un nivel diferente de la política, lo que ha motivado que la Iglesia Católica llame a bajar el tono de la discusión política. Hasta El Mercurio en una de sus editoriales ha rechazado la tesis de un dirigente empresarial que sostuvo  que “a veces uno se da cuenta que en esta historia se exagera mucho más  allá de lo que se debería” y quien agregó: “los países se construyen muy mal cuando se va por ese lado ” (El Mercurio, 2006).

La oposición de izquierda.

Es extremadamente débil y habitualmente es la que debe decidir entre un gobierno de derecha, con todo el pasado de violación a los derechos humanos y además de corrupción, o el gobierno de la concertación con su fardo de corrupción. Entre estos dos males ha optado, obviamente, por el mal menor.

Además la izquierda es fundamentalmente el Partido Comunista, que fue el más pro soviético de los partidos comunistas del mundo capitalista y nunca ha asumido este pasado que significó un respaldo a otro tipo de dictadura, también violadora de los derechos humanos y en la cual ya se habían gestado los gérmenes de corrupción que actualmente caracterizan a Rusia, como uno de los países más corruptos del mundo.

Los partidos políticos.

La percepción general de los chilenos es que los partidos políticos son la institución más corrupta. Así lo confirman algunas encuestas (Transparencia Internacional, 2006). Esto parece ser una evidencia al descubrirse los numerosos escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos los partidos gubernamentales. Durante la dictadura militar los partidos estaban prohibidos, pero los políticos de derecha  se enriquecieron con el amparo del poder absoluto de Pinochet. De manera que la corrupción es una característica estructural de los partidos políticos, es decir de la clase política chilena.

La derecha ha intentado presentar la imagen de que la corrupción es sólo practicada por los partidos de gobierno. Si esto es así, significa reconocer que ellos cuando fueron gobierno también fueron corruptos y en consecuencia avala nuestra tesis de que la corrupción es característica de la actual clase política chilena.

Esta convicción de que la clase política corrupta es totalmente ajena a la intención de considerar aceptable que los partidos de gobierno intenten justificar su actuar con la corrupción superlativa que existió en la dictadura. Al contrario, la obligación de la democracia es mostrar su superioridad ética con respecto de los regímenes dictatoriales y no utilizar la corrupción de ese régimen como excusa de la corrupción que practican los políticos de la Concertación. 

 El partido de la corrupción.

 Hasta hace poco tiempo el Partido Socialista, el Demócrata Cristiano, el PPD y el radical socialdemócrata competían en los niveles de corrupción. Hoy hay un ganador absoluto: el Partido por la Democracia (PPD). Este partido surgido para enfrentar la dictadura perdió el rumbo y nunca fue capaz de desarrollar una doctrina y principios, terminó siendo un partido de relativistas y oportunistas que construyeron toda una ideología para aprovechar el poder para los intereses de dudosos dirigentes. El caso más destacado es el del senador Girardi, quien había aprendido a surcar con gran habilidad las acusaciones de corrupción en su contra y probablemente creyó que ya era un experto en el tema, quien había logrado derrotar al ala principista del PPD al expulsar al senador Nelson Ávila, que había llegado a ser el político más destacado en la lucha por la probidad pública. Sin embargo, cayó en sus intrigas y ahora declara que asume sus responsabilidades, lo que en la práctica significa esperar que pase el tiempo y todo se olvide. Pero hay decenas de diputados y dirigentes envueltos  en casos de corrupción.

La reacción del senador Flores y el reconocimiento por parte de Bitar, presidente de ese partido y de la directiva del PPD que hay una crisis, desembocó en la paradoja habitual: Bitar, miembro del equipo de Girardi, dirigirá la recuperación ética del Partido, para lo cual contará –como lo declaró- con el apoyo y asesoría de otros dirigentes, entre los cuales mencionó a García y  Molina, que ya eran famosos en el campo de la corrupción. En marzo de 2007, una vez pasado el temporal político, Bitar trataba de reinstalar a sus amigos y ya aparece en las fotos noticiosas junto a Guido Girardi y Alvaro García encabezando cruzadas populares por la protección del medio ambiente y la solución del problema energético.

El dirigente Jorge Schaulson ha reconocido la magnitud del problema de la corrupción política, proceso del cual tiene una visión muy profunda porque vio su desarrollo en el PPD, aunque parece que nunca lo enfrentó, excepto ahora cuando ya es conocido por todos. La tesis de Schaulson es que la corrupción se justificó como el medio para mantener la democracia e impedir el acceso al poder político de la derecha. Dado que ésta cuenta con el apoyo irrestricto del empresariado, no tiene problemas financieros en sus campañas electorales y habría ganado estos eventos a no ser que la Concertación,  a su vez, buscara fuentes equivalentes para competir en condiciones similares. La solución fue recurrir al dinero público. Por lo demás esta misma denuncia ya había sido hecha por Boeninger y por Gonzalo Martner Fanta..

Lo que se ha criticado a estos tres denunciantes es que ellos son figuras principales de la Concertación y dirigentes del Partido por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano que sabiendo este proceso perverso guardaron silencio y ahora lo denuncian. Pero en cualquier caso, es muy positivo porque abre las puertas a instituciones políticas que habían generado toda una cultura del secretismo fundada en los falsos valores de  la real politik y la lealtad partidaria.

El gobierno.

El gobierno es el aparato de poder del Estado que ha atrapado la Concertación con el respaldo democrático. Este poder es limitado y sumado al temor inherente de esa coalición- por su experiencia pasada- no puede ser usado para restablecer una efectiva democracia y para resolver algunas de las graves injusticias sociales. Esta impotencia ha sido resuelta con la gratificación que se logra con el poder mismo y paulatinamente, la corrupción se ha transformado en una práctica aceptable.

Esto se demuestra en la forma como son protegidos y premiados aquellos dirigentes políticos que se han visto envueltos en casos de corrupción. Así, por ejemplo, el ex presidente y diputado del PPD, Sr. Rebolledo, condenado judicialmente, no fue expulsado de su partido. Tampoco lo fue el Sr. Germán Molina, del MOPT, a quien la Contraloría propuso sanciones y en cambio, fue nombrado miembro del directorio de EFE. El ex Ministro de la Vivienda, Sr. Hermosilla, de la DC, que recibía caballos de regalo de las empresas que tenían contratos con su cartera y que también debió renunciar, no recibió ninguna sanción y otro caso, el del ex ministro Heine que también debió renunciar por hechos parecidos, fue premiado con la embajada en la India. El ex ministro Álvaro García que presidía INVERLINK, empresa que robó cerca de 80.000 millones de pesos  de la CORFO, declaró que él no sabía nada y fue premiado de inmediato con la embajada a Suecia. Entre los muchos casos hay que destacar el del ex subsecretario de transportes   Sr. Guillermo Díaz, quien es procesado por fraude y por recibir varios millones para un viaje personal, es premiado con el cargo de presidente de EFE, es recibido con aplausos en una magna reunión de la DC y aunque se le pidió la renuncia de EFE, conserva las presidencias de varias empresas públicas en las que sigue percibiendo rentas. El ex  Ministro Carlos Cruz, condenado en uno de los procesos que se le siguen, recusó a la jueza Gloria Chevesic porque no lo condenó en otro proceso porque por no configurarse el delito en su contra aunque se comprobó que el mencionado ministro había solicitado y recibido 10 millones de pesos de la empresas Ficor, Concerta y Gesys para cancelar honorarios adicionales a un funcionario. Este hecho: pedir dinero a una empresa con la cual se relaciona un Ministerio, parece que no está tipificado como delito, pero es evidente que no es una relación transparente. La jueza calificó a Cruz como “corrupto” e “inmoral”, lo que determinó que Cruz recusara a la jueza porque sostiene que no tiene calidad para referirse a temas éticos, recusación que fue rechazada por las autoridades judiciales. Los casos son innumerables y no se registran porque existe una puerta legal que los exime por el mero transcurso del tiempo: la prescripción.

 En los últimos meses el pluriempleo a la mexicana se ha descubierto en numerosas empresas públicas, especialmente en EFE y su filiales, donde directores de EFE como Germán Molina y otros lo son en varis filiales simultáneamente.

El listado de los casos de políticos concertacionistas envueltos en casos de corrupción y protegidos y premiados con nuevos cargos por parte del Gobierno son tantos que exigiría una lista de varios centenares de nombres.       

 El fin de la complacencia.

El gobierno de la Concertación de los Partidos por la Democracia, frente a cada caso de corrupción que se descubre adopta dos actitudes muy coherentes. En primer lugar señala que los casos denunciados se investigaran y que no habrá contemplaciones con los corruptos. En su oportunidad el presidente Ricardo Lagos acuñó la frase “caiga quien caiga” al declarar la guerra a la corrupción, lo que es repetido por los personeros de gobierno hasta que se transformó en una expresión ridícula porque nadie cayó y que sirvió de mofa a la oposición y finalmente se transformó en “hojarasca”, concepto con el cual se elimina la importancia de la corrupción.

El acuerdo Lagos-Longueira permitió al gobierno de la Concertación superar una crisis casi terminal, pero no detuvo el proceso de corrupción. Se insistió en una actitud complaciente y justificativa de los “casos” de corrupción, rechazando su propagación en todo el sector público.

La complacencia del gobierno se basó en las excelentes calificaciones obtenidas por Chile en los informes de Transparencia Internacional (TI) de los índices de Percepción de la Corrupción que ubicaba a Chile como el más probo (o el menos corrupto) de América Latina, posición que ha mantenido por varios años.

Sin embargo, la percepción de TI no se refleja en el “Informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción 2006”  que es una encuesta a 59.661 personas de 61 países que incluyen a Chile y otros países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela). En este informe, en varias de las consultas, las respuestas son notoriamente negativas para el caso chileno. Contrariamente a lo que se suponía, resultán mucho más favorables para países como Perú, Argentina, Paraguay, Colombia y Panamá .

En el tema de los sobornos pagados, el efecto de la corrupción en la política  y en los partidos políticos y especialmente donde se registra que la lucha del gobierno contra la corrupción se reconoce que en el caso chileno es ineficaz (el 54%) o simplemente que el gobierno no lucha o fomenta esta flagelo (22%) superando negativamente a los otros países de América Latina.(Transparencia Internacional, 2006).

El país volvió a vivir una crisis, esta vez de mayor magnitud aún, cuando volvieron a exhibirse a la opinión pública los  casos de traspaso de fondos de los programas de empleo para cesantes a determinados candidatos, el uso de facturas falsas de candidatos de diversos partidos de centro y derecha para justificar gastos que paga el Servicio del Registro Electoral,  el caso de Chile Deportes, los avances y primeras sentencias en la investigación de la corrupción generalizada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), MOPT Gate, MOPT-Cysa, MOPT-Délano, MOPT-Remodelaciones, Mopt CIADE y MOPT-PROGRAF. Finalmente el caso de las facturas falsas para no pagar el IVA y hacer fraude al Fisco muestra que no sólo los políticos son sujetos de la corrupción sino que también el empresariado ya que  se considera que hay miles de facturas falsas presentadas por las empresas al Servicio de Impuestos Internos.

Los intentos del gobierno de justificar su corrupción comparándola con la corrupción escandalosa de la dictadura no justifica nada. Ambas corrupciones son igualmente reprobables, pero a su vez demuestran que la corrupción es de toda la clase política a la que se suma masivamente el empresariado, que en otras latitudes fue el agente social que luchó por la probidad.

Un informe repetido.

La presidenta Bachelet, preocupada por los niveles de corrupción que se está alcanzando en los servicios públicos encomendó a una comisión integrada por destacados economistas y abogados y presidida por el Sr. Alejandro Ferreiro, actual Ministro de Economía que presentaran un informe para enfrentar esta crisis.

El informe, es una repetición del que en 1990 preparó otra comisión dirigida por el mismo personero. Ese informe llamado “las 45 medidas” fundamentó la Ley de Probidad y Transparencia que fue aprobada por unanimidad.

En su oportunidad varios estudiosos del tema y las organizaciones de los trabajadores públicos lamentaron los profundos errores y debilidades de esa ley que por algunos fue calificada como “la mala ley”, la que finalmente se promulgó el último día del gobierno de Freí, el 14 de diciembre de 1999 para que pasara desapercibida.

En síntesis esa ley adhirió a la relatividad ética y la transformó en política del Estado desplazando la ética de principios contemplada en la legislación anterior, especialmente en el Estatuto Administrativo. Aceptó las dádivas a funcionarios públicos, no consideró medidas para controlar el pago de honorarios y a los procesados por delitos que merezcan pena aflictiva se les otorgó el derecho a ser candidatos en elecciones populares, fundándose en la presunción de inocencia, por lo cual, cualquier procesado, por ejemplo, por narcotráfico, podía optar a cargos de representación popular, lo que era un estímulo para que platas de la droga participaran en política. Además estableció penas absurdas en los sumarios administrativos: suspensión del cargo con media remuneración, es decir el castigo era no trabajar recibiendo la mitad del sueldo normal, casi una especie de vacaciones pagadas.

Si fuera posible hacer una evaluación de esta Ley, no se podría negar que a partir de ella la corrupción en los gobiernos de la Concertación creció enormemente y hoy se ha transformado en uno de los problemas principales del gobierno. Sin embargo, el fracaso de esta ley no es advertida y el autor de ella es llamado a diseñar la nueva institucionalidad para frenar la corrupción (El Mercurio 2006).

El gestor de esta ley fue el Sr. Ferreiro, actual Ministro de Economía y destacado economista neoliberal, cuyo programa de gobierno se centra en disminuir la tributación de las grandes transnacionales que invierten en Chile, insiste en su concepción relativista de la Ética que impuso en la ley mencionada, pues las medidas que ahora propone, son un remedo de las que fracasaron. También implica otorgarla a la Economía el rol rector en ética, lo que es confundir lamentablemente el contenido de estas disciplinas. (Ferreiro y otros, 2006)

-Ampliar las obligaciones en transparencia (activa y pasiva) -Reformas al sistema de alta Dirección Pública. -Financiamiento de la política. -Reforzar el control estatal, -Prohibiciones a funcionarios y facilidades para la denuncia de la corrupción -Probidad y transparencia en el parlamento. -Regulación del lobby. -Mejorar el control en las compras y contratación pública.

Todas estas medidas, incluidas en la ley analizada, se superponen en alguna forma con otra serie de proyectos de ley que se discuten en el Parlamento y parten del supuesto formal de que la ley –la buena ley- es la llamada a resolver estos problemas éticos y administrativos.

El enfoque legalista formal deja totalmente al margen instituciones fundamentales en la lucha contra la corrupción: la sociedad civil y algunas de su organizaciones esenciales en este aspecto: las asociaciones de funcionarios y el movimiento sindical, las universidades, las iglesias, los medios de comunicación, los colegios profesionales  y las organizaciones de consumidores. Naturalmente que el mencionado informe incluye algunos vagos llamados a los ciudadanos.

Este enfoque puede ser calificado de despotismo ilustrado formalista: la ley resuelve los conflictos y la ley la dicta el poder político para el bien de la sociedad, pero sin ninguna participación de los ciudadanos y usuarios. Sin embargo, el contenido más perverso de este informe es que insiste en la necesidad de mejorar los sueldos de los altos ejecutivos del sector público, política en la que ha habido excesos injustificados como es el caso de haber legalizado los sobresueldos ilegales, que permitían duplicar las remuneraciones de estos funcionarios, con el agravante de que no pagarán tributos por estos ingresos, ni siquiera en forma retroactiva, cuando eran claros casos de corrupción. La política elitista se manifiesta en acentuar la pésima distribución del ingreso que en las remuneraciones del sector público, comparando el sueldo menor con el mayor es de 1 a 40 y significa un cambio total de las situaciones anteriores de 1 a 20,  mientras que en otros países es de 1 a 3. Esta recomendación se fundamenta en la falacia de que la corrupción se ejerce para compensar los bajos sueldos y aumentándolos, la corrupción disminuirá. Precisamente los que ganan los más altos sueldos son los casos más evidentes de corrupción, casi todos ellos son ministros, jefes de servicio, parlamentarios y otros ejecutivos administrativos. Además todos desean ganar más y más, estimulados por los valores del neoliberalismo y la corrupción es un atajo para alcanzarlo.

En algunos aspectos más técnicos los consejos reflejan un desconocimiento de la naturaleza de la corrupción en Chile separando algunas funciones de la Contraloría, pero sin indicar quien las asume y manteniendo el actual sistema de auditoría interna ministerial, que  en la práctica ha sido el mejor mecanismo para legalizar la corrupción, ya que desde se estableció la corrupción se multiplicó. Se insiste en la importancia de la transparencia pero se fortalecen y multiplican las excepciones.

 La participación en esta Comisión, del Presidente de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Sr. Davor Harasic,  parece que influyó muy poco en incorporar los principios de TI que se centran en la movilización de la ciudadanía. En la práctica el mencionado presidente se transforma en funcionario de gobierno al integrar estas comisiones fundadas en el relativismo teórico y TI pierde su imprescindible independencia y es contradictoria con su política que declara que “las leyes no son suficiente” y que se debe “convocar a todas y todos” (Chile Transparente 2007). 

 

Conclusiones.

Muchos países conviven con la corrupción y la tendencia en Chile va en esa dirección

Tanto la Concertación como la Derecha tienen esa orientación, la izquierda alternativa no tiene influencia en este ámbito y tampoco hace aporte sustanciales. Todos ellos pueden preguntarse: si Italia convivió con la corrupción durante más de 40 años y prosperó económicamente ¿Por qué Chile no puede hacer lo mismo?

La corrupción en Chile es un atributo de la clase política y empresarial, sin excepciones significativas. Los partidos políticos carecen de principios éticos y tienen que salir a buscarlos en otras áreas como las iglesias y las universidades. Pero a su vez estas instituciones no reconocen la importancia de la corrupción.

Sin embargo, la responsabilidad de combatir la corrupción comienza y termina en el gobierno que no puede eludir su rol de director de la sociedad.

Parece que el economista que dirige la lucha contra la corrupción nunca supo que Einstein decía que la relatividad tenía vigencia en la física, pero jamás en la ética. Para el ministro, la ética es relativa y pragmática, los problemas se resuelven marginalmente. La economía es la ciencia donde cometer los mismos errores parece ser su virtud, como se ha probado en Chile y ahora se aplica el mismo concepto en el campo de la ética.

Impedir que eso pase es la tarea de los ciudadanos según sugiere Transparencia Internacional, pero mientras la sociedad civil esté atomizada, esa posibilidad es demagógica y nula. Por ahora hay que apoyarse en las iglesias, las universidades y las asociaciones de funcionarios, los colegios profesionales y marginalmente del resto del débil movimiento sindical.

La corrupción debe derrotarse en todos los frentes desde una concepción del cero absoluto y se empieza derrotando ideológicamente al relativismo a través del estudio objetivo de la corrupción y sus manifestaciones.

Esta tarea le compete esencialmente a las universidades ya que los Think Tanks de los partidos políticos están sesgados ideológicamente. También a las universidades del consejo de rectores les compete capacitar a los funcionarios públicos en ética. La experiencia de los países en los cuales se ha derrotado la corrupción es a través de funcionarios que fueron capacitados en ese rubro. En Chile se pretende que funcionarios que nunca recibieron una hora en capacitación en ética pública sean los paladines de esa lucha. Sin embargo, hay que reconocer que todas las denuncias sobre corrupción provienen de ellos y nunca fueron significativas las denuncias que les correspondía hacer a la Contraloría General de la República y al sistema interno de Auditorías ministeriales.

Las personas deben jugar el rol fundamental, pero  por ahora, el énfasis está´en algunas personas: los funcionarios, los académicos y los sindicalistas del sector público.

La solución de la alternacia es falaz, ya que la corrupción se ha afincado tanto en los políticos de gobierno como de oposición, de manera que un cambio de gobierno sería similar a la alternacia venezolana, donde el corrupto partido COPEI reemplazaba al corrupto partido ADECO y viceversa.

Santiago, marzo de 2007 y junio de 2007

 

20070315

 

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