El año que vivimos en corrupción.
El año que vivimos en corrupción
Patricio Orellana Vargas
El año 2003 es el año en el que la corrupción política y administrativa llegó a su clímax, pero en el mismo año, esta corrupción desapareció de manera muy chilensis.
En efecto, en este año se desarrollaron los casos más escandalosos y que implicaban millones de dólares esfumados en la jungla de la corrupción. Los casos más simbólicos son los de los sobresueldos, que implicaban duplicar los sueldos de unos 3.500 jefes de los servicios públicos, el caso coimas, el caso Gate, el caso Inverlink y muchos otros. En total hay 282 procesos e investigaciones de los Tribunales y de la Contraloría acumulados a la fecha desde el comienzo de la democracia. En el curso del año estuvo en prisión el Ministro de Obras Públicas, relacionado con la institución manipuladora de fondos desde el sector público y desviados a los bolsillos privados. Otros dos ex ministros fueron procesados, así como un subsecretario y un ex subsecretario, seis diputados fueron desaforados y tres condenados en primera instancia. Otros diputados han usado fondos de la Cámara para pagos particulares. Todas estas personas eran del gobierno.
A través de toda la historia de Chile, nunca había existido una situación de corrupción generalizada como la del 2003. Incluso se ha superado a la misma dictadura de Pinochet que tenía el poder absoluto y no tenía ningún control y durante la cual sus altos dirigentes se vendieron y compraron las empresas públicas privatizadas.
Esta crisis moral, sin embargo, ha sido superada transitoriamente ¿Cómo? Con el acuerdo entre gobierno y oposición, ya que a ambos les interesa superar esta etapa. Al gobierno le interesa que se olvide este este auge de la corrupción. A la oposición le preocupa que las formas de corrupción sean vinculadas a la dictadura militar, ya que durante ese período se inventaron y aplicaron los sobresueldos, las indemnizaciones a todo evento y el usufructo de las empresas del estado para fines particulares. Ambos segmentos políticos coinciden, como lo dijo Longueira en que no se le puede dar patente a la corrupción en Chile, porque el nombre de Chile vale mucho en los mercados internacionales.
Pero además de esta coincidencia, el gobierno, hábilmente ha intentado suavizar la acción de la Contraloría, otorgándole 25 millones de dólares para que se modernice y para que sus jefes puedan pagarse desahucios millonarios si desean jubilar. Por otra parte ha propuesto una autonomía presupuestaria al Poder Judicial, aspiración más que centenaria de ese Poder, lo que les permitiría fijarse sueldos sin la aprobación del Parlamento. Este intento no ha fructificado aún, pues se está en el proceso de tira y afloje.
De estas formas se ha resuelto el problema de la corrupción en Chile. Nadie puede negar que es una forma original. Es el camino chilensis a la probidad para que perdure la corrupción.
*Profesor de la Universidad de Chile