El Instituto Nacional de Derechos Humanos
Cuando se olvidan los principios y se acepta lo posible
Cuando se olvidan los principios y se acepta lo posible: El Instituto de Derechos Humanos de Viera-Gallo
Patricio Orellana Vargas
Aprovechando que la Presidente de la República se encontraba de viaje en Japón y Australia, Antonio Viera Gallo, formó una comisión con los representantes de los dos partidos de derecha, UDI y Renovación Nacional, para llegar a un consenso respecto del proyecto presentado al Senado para crear el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con una velocidad extraordinaria y muy poco parlamentaria, Viera Gallo y los senadores Espina y Chadwick llegaron al deseado consenso, que consistió en cambiar totalmente el contenido del proyecto, transformando el mencionado Instituto en un organismo dedicado a “la arqueología académica de los derechos humanos” como lo han identificado algunos juristas.
En el mundo existen numerosos Institutos de este tipo, que en conjunto con los organismos internacionales especializados en Derechos Humanos y dependientes de las Naciones Unidas, la OEA o de la Comunidad Europea constituyen el sistema internacional de derechos Humanos.
Estos Institutos se rigen por los llamados “Principios de París” que los definen como instituciones dedicadas al estudio, denuncia y protección de los derechos humanos considerando la normativa internacional vigente, los principios que la inspiran y la doctrina que se desarrollado. Estas instituciones son siempre autónomas pues ejercen una vigilancia respecto de las violaciones a los derechos humanos que puedan cometer sus Estados.
El Proyecto enviado por el gobierno al Senado estaba acorde con los mencionados principios de París. Sin embargo, los tres políticos mencionados cambiaron totalmente el texto, de tal manera que construyeron un organismo inoperante, sin facultades judiciales, sin posibilidad de solicitar la colaboración de los órganos del Estado, sin derecho a recibir testimonios o denuncias y con la prohibición de relacionarse con los organismos del mencionado sistema internacional de Derechos Humanos. Simultáneamente se aplica el principio binominal y tanto la Cámara de Diputados, como el Senado tendrán dos representantes en su directorio, lo que asegura a la derecha una cuota de poder en el Instituto que en la práctica puede traducirse en un derecho a veto.
La esencia de estos Institutos es su autonomía con respecto del estado, lo que le permite denunciar y recomendar en el tema de derechos humanos, pero el acuerdo Viera-Gallo-Espina y Chadwick lo trasforma en una dependencia del Ministerio de Justicia bajo el control de la Contraloría General de la República. La derecha ha bregado permanentemente para que que haya organismos públicos independientes, libres de la tutela gubernamental en materias de interés nacional y así lo consiguió con el Banco Central, pero, paradojalmente en el caso de los derechos humanos, que dice relación directa con la actuación del Estado, este organismo es un mero apéndice administrativo que sólo puede relacionarse con los otros organismos administrativos y ni siquiera puede relacionarse con los otros órganos del Estado como el Parlamento o el Poder Judicial.
Pero la medida más grave y atentatoria a los derechos humanos es que establece que toda la documentación y archivos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que se utilizan para ayudar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en procesos judiciales, se traspasan al mencionado Instituto, el cual no tiene facultades Judiciales, por lo cual no podrá usarlos en la defensa de estas personas. Como resultado evidente de esta maniobra, el actual Programa de Derechos Humanos, sin ninguna documentación disponible, no podrá seguir efectuando su función judicial y como las otras funciones de este Programa han sido traspasadas al Instituto que se crea, los juristas consideran que hay una derogación tácita y que el Programa de Derechos Humanos desaparece.
En el fondo, la maniobra maquiavélica de estos tres políticos, es favorecer la impunidad e impedir que se sancione a los violadores de los derechos humanos en Chile.
La cantidad de disposiciones que anulan o tergiversan el contenido del Instituto llega al nivel operativo: sólo el Director y los Consejeros de Instituto tendrán la facultad de ingresar a recintos donde haya personas recluidas, labor que en el proyecto podía ser realizada por sus abogados. De esta manera se impide la posibilidad de que pueda actuar y como colmo se señala que la dotación máxima de personal será de 30 personas, lo que implica que corresponderá un par de funcionarios por región.
Finalmente, el nuevo texto legal elimina todo lo relativo a los principios de los derechos humanos y lo limita exclusivamente a los tratados internacionales aprobados por Chile y el Instituto no tiene facultades para promover estos principios y ni siquiera pronunciarse sobre los nuevos pactos internacionales en la materia.
La actitud de la Derecha chilena es plenamente comprensible, acepta a regañadientes los derechos humanos, pero en cada acción trata de reducir su eficacia, pero principalmente, la acción parlamentaria de estos conglomerados ha sido la de impedir la justicia y lograr la impunidad a través de cualquier medio: aquí lo lograron por el mecanismo de la inoperancia de un organismo de defensa de los derechos humanos.
Muchos juristas, abogados y organizaciones de Derechos Humanos han hecho exhaustivos estudios de las modificaciones impuestas por Viera Gallo y sus colegas y han proporcionado abundantes antecedentes y razones que conciben estas maniobras como uno de los grandes escándalos en la vulneración de los principios, la doctrina y la práctica de los derechos humanos en Chile.
Lo que no es comprensible es que el Senado, masivamente, haya aprobado este proyecto falaz y traicionero. Ni un solo senador levantó la voz para oponerse, parece que el tema de los derechos humanos ya no está de moda en esas alturas.
Lo que es inadmisible es que Antonio Viera-Gallo, ex senador democrático, socialista y viejo directivo de HURIDOCS (Human Rights Information and Documentation System) haya sido el artífice de este engendro que intentó sacar adelante aprovechando la ausencia de la Presidenta. La única explicación que ha brindado el señor Viera-Gallo es que no es el ideal “pero fue el que nos pareció posible”. Esta concepción de “lo posible” es la real-politik, una práctica de estos políticos que siempre argumentan a favor de una justicia en la medida de lo posible, lo que se inspira en la conservadora ética de la responsabilidad de Max Weber, ajena a la ética de los principios que alguna vez, cuando estaba en el exilio, el Sr. Viera-Gallo propiciaba.
Esta lamentable situación, vergüenza para la Concertación, ya que Viera-Gallo representaba al gobierno, ha merecido el repudio de todos los partidos de la propia Concertación, los que han reaccionado a través de sus diputados que no aceptan este proyecto y también ha sido rechazado por los organismos de Derechos Humanos.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se ha entrevistado con la Presidente Bachelet el 13 de septiembre y ésta se ha comprometido a enmendar esta situación, de la cual carecía de detalles por estar fuera del país.
20070914
Esta muy chulo y bien explicado