Instituto Libertad, La administración pública chilena
Instituto Libertad, La administración pública chilena, un impedimento para el desarrollo
Instituto Libertad, La administración pública chilena, un impedimento para el desarrollo: Una proposición de modernización proyectada al siglo XXI. Santiago, INFORME ESPECIAL, Vol. III, Nº 20, Octubre de 1992, 66 Págs.
El título de este Informe Especial del Instituto Libertad, define con precisión el contenido ideológico: la Administración Pública es un impedimento para el desarrollo, la propuesta que se deriva de esta premisa es que, como no es posible eliminar la Administración Pública, hay que reducirla al máximo.
La obra comienza con un breve resumen de las principales disposiciones constitucionales y legales sobre la administración del Estado, para continuar con un diagnóstico en el que se destaca el excesivo número de ministerios y servicios públicos que impiden al Presidente de la República “atender debidamente los problemas asociados a cada uno de estos organismos, debido al exceso de relaciones que esta situación genera”. Este problema se agrava con la existencia de una administración pública invisible integrada por innumerables comisiones, comités y consejos que generan relaciones cruzadas y carencia de responsabilidad de las personas que en esos organismos participan. Además el actual gobierno ha acentuado el problema al crear 7 nuevas instituciones carentes de justificación: El Servicio Nacional de la Mujer, el Instituto de la Juventud, El Fondo Solidario de Inversión Social, la Oficina Nacional del Retorno, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, etc. Finalmente, hay leyes en tramitación que reorganizan algunos ministerios y servicios.
El gobierno actual carece de un plan orgánico y racional para restructurar la Administración Pública, a fin de adecuarla a un Estado Moderno., lo que se demuestra en lo siguiente:
-Falta de uniformidad en el desarrollo institucional de la Administración Pública.
-Proliferación de entes autónomos.
-Funciones paralelas en organismos independientes de la Administración Pública.
-Superposición de estructuras y funciones.
-Falta de coordinación.
-Dispersión de instituciones complementarias.
-Sobredimensionamiento del aparato administrativo.
-Dotaciones insuficientes en determinados órganos públicos.
-Excesiva complejidad de las estructuras internas del sector ministerial.
-Falta de auténtica descentralización.
-Métodos y procedimientos inadecuados.
-Falta de normas para tramitación eficiente.
-Falta de información e indefensión de los usuarios.
-Ausencia de un auténtico espíritu de servicio público.
La parte medular del trabajo es el capítulo III que contiene las proposiciones de la organización de la administración superior del Estado.
Esquemáticamente estas proposiciones son las siguientes:
– Compatibilizar el número de ministerios y servicios de acuerdo con el principio de la subsidariedad del Estado.
– Organizar un sistema descentralizado y desconcentrado territorialmente. – Racionalizar la cantidad de ministerios, agrupándolos.
-Fusionar servicios y eliminar los que no se justifican en un Estado subsidiario.
Esta reducción del aparato estatal no generaría cesantía, pues, otros servicios, como el judicial, aumentarían su dotación y se otorgarían jubilaciones dignas para los que tengan los requisitos y pertenezcan a los servicios eliminados o que se reducen.
Las medidas concretas propuestas consisten en reducir los actuales 18 miniterios, 26 subsecretarías y más de 130 servicios públicos existentes a una estructura de 6 ministerios, 17 subsecretarías y 46 servicios públicos, más los servicios regionales de salud, vivienda, agricultura y un servicio especial en la XII región. Los ministerios propuestos son los de Interior, de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Defensa, Desarrollo Económico y Desarrollo Social.
Además el estudio propone la creación de gobiernos regionales, secretarios regionales ministeriales y servicios públicos regionales. Las municipalidades asumirían nuevas funciones de los servicios sociales eliminados (menores, deportes y recreación, jardines infantiles, asistencia jurídica, etc).
El estudio incorpora un anteproyecto de ley de ministerios con las proposiciones descritas.
En los anexos se presentan las listas de los servicios existentes, los que se mantienen y los que se eliminan (dirección de Aprovisinamiento del Estado, Central de Abastecimientos de Salud, Consejo de Rectores, Instituto Nacional de Hidráulica, Servicio de Capacitación y Empleo, Parque metropolitano, Comisión Chilena del Cobre, Comisión Nacional de Riego, Oficina Nacional de Emergencia, Servicio Nacional de Pesca, Servicio de Gobierno Interior, Instituto Antártico Chileno, Dirección General de Deportes y Recreación, Servicio Nacional de Turismo, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dirección General de Obras Públicas y servicios dependientes y funciones de urbanismo del SERVIU, la Oficina d Estudios y Políticas Agrarias, Servicio Metropolitano del Ambiente, Comisión Chilena de Energía Nuclear, INDAP, SAG, CONAF, SERNAP, Servicio Médico Legal, Casa de Moneda de Chile y Consejo de Televisión. Las funciones de estos servicios serían innecesarias, en otros casos se traspasarían a otros servicios, y en general se tendería a que el sector privado realizara esas funciones.
En el último anexo, se presentan los servicios cuyas funciones deben ser reformuladas: Servicio Nacional del Consumidor y CORFO.