La corrupción en América Latina.
La corrupción en América Latina
Un informe revelador.
La corrupción es el mal de nuestra época en América Latina. El Presidente del CELAM, obispo Oscar Rodríguez, ha dicho: “La corrupción es la amenaza más grande para el desarrollo de los pueblos”1. En el reciente informe de Periodistas Frente a la Corrupción2 (PFC) se establece que “la corrupción fue uno de los temas más abordados por los medios de comunicación latinoamericanos”3. Si recordamos la historia reciente, las crisis ocurridas en Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Brasil, Haití, Ecuador, Honduras, El Salvador, etc. son distintas, pero todas tienen un denominador común: la corrupción política y administrativa. Esta corrupción está íntimamente relacionada con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y el lavado de dinero conforme a PFC.
En el mencionado informe se relatan los casos de corrupción más destacados del año 2001. Son tantos y tan escandalosos que la conclusión es que la corrupción está generalizada en nuestra región y cuenta con el cinismo de los dos principales grupos que se aprovechan de ella, la clase política civil (CPC) y la clase política militar (CPM), al controlar el poder tienden un manto de opacidad sobre los hechos y posteriormente un sobremanto de impunidad.
En muchos de estos casos, los que encabezan la corrupción son los presidentes y los generales (Argentina, México, Guatemala, Ecuador, Perú. Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana). En los restantes países los involucrados en actos de corrupción son políticos importantes, especialmente ministros y parlamentarios (Costa Rica, Colombia, El Salvador, Uruguay y Venezuela). En los casos denunciados que han sido procesados por la justicia, los presuntos culpables han quedado en libertad por inoperancia de los tribunales o por abierta desidia. Los periodistas y organizaciones civiles que han denunciado los caso de corrupción, en cambio, han sufrido ataque de turbas y hasta asesinato de periodistas.
He aquí un resumen del informe de PFC.
En Argentina el pago de coimas a senadores y diputados para que aprobaran los planes del gobierno de de la Rúa fue un escándalo que mostró los niveles a que había llegado la política; el lavado de dinero; el contrabando de armas a Croacia y Ecuador quedó sin responsables porque la Corte Suprema, compuesta de varios amigos de Menen lo dejo libre. El sistema judicial argentino siempre ha beneficiado al poder con sus fallos. El cansancio del pueblo argentino frente a la justicia es tal que exije cambiarlo radicalmente. Se sospecha de la parcialidad de sus jueces y de una política permanente de impunidad frente a los delitos.
En Bolivia el diputado Roberto Landivar malversó 60 millones de dólares del Estado. Actualmente está en prisión; los fondos destinados a la ayuda del terremoto de Aiquile y Totora se usaron en comprar un avión presidencial con un sobreprecio escandaloso; Fue descubierta la banda que cometía numerosos asaltos a bancos, estaba integrada por policías; Hasta ahora no se ha podido reestructurar la policía.
En Colombia, el superintendente de servicios públicos fue destituido después de verificarse que se beneficiaba con dineros públicos relacionados con 61 millones de dólares que el Estado debe pagar por una demanda de la empresa electrificadora Tenorio; Los fondos provenientes de la venta de los derechos de la Copa América de Fútbol fueron a parar a los bolsillos de los dirigentes de la Federación colombiana respectiva. Dos personas que dirigieron un fraude fiscal por 20 millones de dólares fueron dejados en libertad porque los jueces dejaron pasar los plazos para actuar; la esposa del Secretario General de la Presidencia ganó varios contratos con el Estado obteniendo tres millones de dólares; el ministro de defensa y el embajador de Colombia en Estados Unidos se beneficiaron de un fraude por 20 millones de dólares del Banco BANPACIFICO; El diputado Mario Rincón nombró a 200 de sus seguidores en cargos públicos, especialmente en la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública).
En Costa Rica el productor de un programa radial denunció la malversación de fondos y enriquecimiento ilícito de los directivos de una radio de la Iglesia Católica fue asesinado. Después de varios años de proceso se sentenció a prisión a los dueños del Banco Anglo que quebró fraudulentamente apoderándose de préstamos estatales cuantiosos y dinero de los ahorrantes. Todos los ejecutivos del Banco siguen libres, incluyendo a dos chilenos que huyeron a su país con lo robado.
En Ecuador se pagó 106 millones de dólares por una carretera que construyó una empresa privada y cuyo costo es de 36 millones y aún está inconclusa. Varios generales y oficiales de la policía recibieron coimas de narcotraficantes y fueron degradados, pero éstos acusan a los restantes directivos policiales de estar envueltos en el narcotráfico. Un sobreprecio de 4 millones de dólares se pagaron en seguros por aviones de guerra ingleses. Los militares afectados habían estado en Londres con sus señoras y con gastos pagados por la empresa aseguradora, pero por ser gastos secretos no ha prosperado la investigación.
En El Salvador se encontró que 169 abogados tenían títulos falsos. El fiscal que realizó la investigación fue amenazado de muerte, mientras que en el Parlamento se presentó una iniciativa para aprobar la legalidad de los títulos por decreto; El Banco de Fomento Agropecuario perdió 11 millones de dólares en préstamos no pagados por encumbrados políticos incluyendo el hermano de ex presidente Cristiani
La financiera FINSEPRO estafó por 130 millones de dólares a sus ahorrantes, los ejecutivos fueron considerados penalmente inocentes; pero civilmente se les condenó a devolver 90 millones de dólares, aunque el juez admitió que no hay forma de obligar a que paguen.
En la Federación Salvadoreña de Fútbol se esfumaron 32 millones de colones (de los 35 existentes). Los implicados fueron exonerados de su responsabilidad, todos ellos son del Partido de Conciliación Nacional que está en el poder.
A pesar de las exigencias, el gobierno, las ONGs y la Iglesia no han rendido cuentas de la ayuda recibida en relación a los terremotos ocurridos en el año 2001.
En Guatemala el Ministerio de Comunicaciones suscribió contratos por 27 millones de dólares con compañías inexistentes o creadas para ganar los contratos, muchas de ellas formadas por funcionarios de gobierno, incluyendo al militar asesor y jefe del estado Mayor Presidencial. En este Ministerio se descubrió que se vendían los cargos públicos, esta denuncia provocó las iras del ministro, y determinó que una turba atacara las instalaciones del periódico que hizo la denuncia.
Funcionarios de Finanzas Públicas en complicidad con el empresario norteamericano Paul Robert Kittay vendieron placas de automóviles sobrevaloradas en 5,5 millones de dólares ala Superintendencia de Administración Tributaria, el Estado suspendió la compra, pero no ha podido recuperar los pagos hechos.
Funcionarios del Ministerio del Interior depositaron 11,2 millones de dólares de fondos públicos en sus cuentas particulares. Uno de ellos, con los intereses generados se compró seis residencias. Todos están prófugos.
El Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguro Social aprovechó su poder para que su empresa personal ganara 60.000 dólares de fondos públicos. El gerente y subgerente de la misma institución compraron medicamentos sobrevalorados, provocando una pérdida de 120.000 dólares.El Vicepresidente de la República puso a su hijo como vicepresidente del Instituto e incorporó a numerosos trabajadores de la empresa Kenworth de su propiedad, en puestos claves de ese Instituto.
En Honduras la cónsul de este país en Barcelona se apropió de 25.000 dólares donados para las víctimas del huracán Mitch.
Ochenta funcionarios acusados de corrupción fueron declarados como “enriquecidos lícitamente” y se les otorgó el finiquito oficial. Muchas de estas personas se les considera implicados en actos de corrupción, como el coronel Rigoberto Padilla, quien retiró cinco millones de lempiras del Instituto de Previsión Militar para pagar bienes inmuebles de la alcaldía de Guatemala. El dinero no llegó nunca a la mencionada alcaldía.
La Contraloría de la República descubrió que los jefes del Comando de las Fuerzas Armadas disponían de una cuenta bancaria de donde hacían retiros de 20 hasta 60 millones de lempiras sin rendir cuentas.
El ex Ministro Secretario de Obras públicas y Transporte se le hizo un reparo por 30 millones de lempiras que no ha podido justificar. Dado que goza de fuero parlamentario el caso ha sido censurado en la prensa.
En México el presidente Fox ha sido acusado del despilfarro llamado “toallagate”. Una periodista descubrió que se gastaron 600.000 dólares en menaje para las cabañas donde vive el Presidente y su hija. Entre las compras figuran toallas, cada una de ellas a 400 dólares, cada juego de sábanas costó 3.857 dólares, cada mantel vale 3.000 dólares. Los funcionarios argumentaron que estos implementos podrán ser usados por varios presidentes en el futuro, lo que justifica sus precios. Por su parte el presidente Fox declaró: “Hasta el precio de las toallas está en INTERNET” lo que muestra la “transparencia” de su administración (el sistema de compras es público desde 1997, antes que asumiera Fox).La investigación realizada por la Contraloría demostró falsificación de facturas, anticipos indebidos, precios elevados y productos distintos a los adquiridos. Nadie fue procesado por estos hechos.
Uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, Joaquín Guzmán Laera, el “Chapo” se fugó de una cárcel de alta seguridad. La fuga no fue difícil ya que “El Chapo” era quien designaba a los gendarmes y prácticamente dirigía la cárcel, donde celebraba grandes fiestas. Este delincuente decidió abandonar la prisión cuando la Corte de Justicia autorizó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Un total de 60 funcionarios de la cárcel estuvieron involucrados en su fuga. “El Chapo” estaba en prisión por el asesinato de un cardenal.
En la Lotería Nacional se produjeron millonarios desvíos, a través de donativos cuestionables y aceptación de pago de deudas con bienes inmuebles sobrevaluados. Después de un largo proceso de la Contraloría, Carlos Salomón Cámara fue inhabilitado para el servicio público por causar un daño de 6.333.000 dólares. Salomón es asesor de Marta Sahagún Jiménez, esposa del presidente Fox.
Nicaragua.
La empresa estatal PETRONIC emitió cheques por más de medio millón de dólares por impuestos. Estos cheques fueron cambiados por dólares y terminaron en la sociedad Gestionaria y Negocios Inmobiliarios, en la cual el presidente Arnoldo Alemán y su familia tienen acciones.
Este mismo presidente se construyó un helipuerto en su hacienda “El Chile” financiándola con el presupuesto de gastos confidenciales de la Presidencia.
El Jefe de Auditoría de la Contraloría fue destituido por haber modificado un informe sobre deficiencias administrativas y financiera en el uso de 20 millones de córdobas en la construcción de carreteras.
Panamá.
Un helicóptero fue derribado por el Servicio Marítimo Nacional cuando regresaba de la residencia de veraneo de la Presidente de la República. Se descubrió que el helicóptero era de propiedad de altas figuras del gobierno y transportaba dinero, lo que había sido negado inicialmente y se había señalado que había caído por desperfectos mecánicos.
Varias quiebras fraudulentas de bancos están en proceso de investigación.
Paraguay.
El Superintendente de Bancos, dos hermanos del presidente del Paraguay y otras personas realizaron una operación trasladando 16 millones de dólares de un banco quebrado a cuentas en Estados Unidos para realizar lavado de dinero. Las reuniones del grupo se realizaban en casa del padre del mandatario del país. A raíz de estos hechos varias personas fueron destituidas y procesadas. Se solicitó el juicio político del Presidente, Luis González Macchi, pero la propuesta no contó con los votos suficientes.
El estado paraguayo prestó 800 millones de dólares a bancos para evitar su quiebra, pero los encargados de las liquidaciones condonaron deudas, aceptaron bienes sobrevaluados como pagos por deudas y aceptaron honorarios por millones de dólares. Las pérdidas llegan a 300 millones de dólares.
La empresa estatal eléctrica ANDE canceló 57,6 millones de dólares a la generadora Itaipú. Los dólares fueron comprados a precio sobrevaluados y generaron una gran pérdida. Este pago, legalmente puede hacerse en moneda nacional, de manera que los costos cambiarios eran, además innecesarios. El gerente financiero de ANDE fue destituido.
Un comando de carapintadas robó once millones de dólares que iban a Estados Unidos, El robo se efectuó en el aeropuerto internacional. Los autores del robo fueron identificados y están prófugos. Una persona que había vendido la camioneta en que se movilizaron los asaltantes fue condenado a prisión, pero no por el asalto, sino que porque el vehículo era robado. Una mujer que participó en el hecho fue condenada a pagar cien mil dólares por el delito del lavado de dinero del asalto.
Perú.
Se está reuniendo la información de los delitos cometidos por la red de corrupción gubernamental de Fujimori:La red ilegal creada por Vladimiro Montesinos y por Fujimori obtuvo entre 380 y 420 millones de dólares sólo por comisiones en la compra de armas. Fujimori pagó 30 millones de dólares para comprar el apoyo de canales de TV y de diarios. De esta suma, 25 millones eran fondos públicos de defensa.
Los agentes del SIN copó el poder judicial mediante la compra de jueces.
Los fondos de la Caja Militar policial habían sido utilizados para negocios inmobiliarios, compra de hoteles, construcciones y compra de armas. Varios generales conectados con Montesinos están siendo procesados por estos hechos.
Vladimiro Montesinos informó que había formado una red con parlamentarios comprados, algunos de los cuales quedaban en partidos opositores para trabajar como “topos”. También se habían comprado a periodistas que cubrían el Congreso.
República Dominicana.
La dirección de Bienes Nacionales realizó ventas de tierras a precios falsos. El ex Administrador señaló que hay grandes implicados, pero el caso no se ha investigado.
Se estableció que el Instituto Nacional de la Vivienda había entregado subsidios en exceso a 67 envasadoras y expendedoras de gas licuado por un total de 60 millones de pesos. El Secretario de Industria y Comercio niega la investigación y se presentó como candidato a senador. También se verificó que se habían entregados cheques por millones de pesos a varios funcionarios de la institución, “por trabajos de reparación y pintura”, los que no existieron.
El ex presidente Leonel Fernández, fue citado a declarar sobre irregularidades en el manejo de una cuenta especial. Este personaje se negó a presentarse. Finalmente accedió presentarse, pero ante otra institución.
Uruguay.
El presidente del Banco Hipotecario del Uruguay fue acusado de adjudicar en forma irregular departamentos a sus familiares. Finalmente, el Presidente de la República lo destituyó y ordenó al Banco que anulara la adjudicación de un departamento que había asignado a su hija en Punta del Este.
El Director de la Dirección General Impositiva renunció a su cargo después de ser acusado de tener propiedades que no podía adquirir con su sueldo y tener conexiones con empresas que habrían defraudado al Estado y realizar lavados de dinero. Actualmente se realiza una investigación judicial sobre éstos y otros hechos que involucra, además, a varios importantes funcionarios que vendían “Impunidad impositiva” a cambio de coimas.
Unos 50 funcionarios policiales, aduaneros y empresarios fueron enviados a prisión por contrabando. El Diario la República demostró que algunos diputados tenían en sus secretaría más funcionarios de los que permite la ley, incluyendo a dos secretarias vinculadas al contrabando, las que además nunca habían trabajado, pero cobraban sus sueldos.
Una Comisión Investigadora verificó pagos irregulares a delegados al festival de Cannes y la falta de 100.000 dólares en las arcas municipales de Maldonado.
Venezuela.
Según un informe de la Contraloría sobre el Plan Bolívar, se asignaron trabajos sin licitación a empresas fantasmas. Cheques pagados a estas empresas fueron cobrados por personal ejecutivo.
El Fondo Único Social entrego fondos a instituciones civiles que no habían presentado proyectos ni existían convenios oficiales y los pagos se realizaron antes de que existiera la obligación. Otras ONGs recibieron más recursos de los que habían solicitado.
La institución FUNDABARRIOS fue acusada por la Contraloría y por la Fiscalía de adquirir con sobreprecio viviendas.
La Contraloría exigió la devolución de fondos e indemnizaciones “por gastos sin justificación, en exceso, indebidamente y por reintegrar” por 4.324.170.000 de bolívares al Consejo Nacional Electoral en relación a elecciones que no se realizaron.
La corrupción en Chile.
Chile no está incluido en este informe, ya que éste se ha centrado en los países donde la corrupción es mayor, lo que no necesariamente significa que estemos libres de corrupción, sino que en Chile está en niveles menores, ya que en nuestro país las principales formas son “la corrupción de acuerdo a la ley” (caso indemnizaciones o gratificaciones por productividad a ejecutivos) o formas solapadas de corrupción como “las horas grises” descritas más adelante. La gran virtud que presenta Chile en el ámbito de la probidad-corrupción es que los Presidentes nunca se han enriquecido en el poder y esto ha sido así con presidentes tanto de derecha, izquierda y centro. La única excepción fue la corrupción durante la dictadura de Pinochet, ya que en ese período el dictador tuvo el poder total, no existió prensa libre (ausencia absoluta de transparencia) ni fiscalización parlamentaria, ya que no había parlamento. Los principales escándalos fueron las ventas a vil precio de las empresas públicas y los traspasos de dineros públicos a los hijo del dictador.
Actualmente la corrupción en Chile asume formas solapadas: los gerentes de las empresas públicas no se consideran servidores públicos y sus remuneraciones son fijadas “por el mercado” y se mantienen en el más estricto secreto
¿Por qué es así?
Porque si se conocen, generan grandes escándalos. En primer lugar porque los “mercados” que fijan sus remuneraciones no existen ya que habitualmente se las fijan ellos mismos (como grupo de cada empresa). El escándalo de las indemnizaciones conocido en Chile es la punta del iceberg. Ellos mismos se fijaban indemnizaciones gigantescas en caso de despido, las que eran totalmente superiores a las que establece el Código del Trabajo y muy superiores a las pagadas por las empresas privadas a cargos similares. . También se fijan gratificaciones por productividad que excluyen a los trabajadores, bajo el supuesto que la productividad depende exclusivamente de ellos (Caso Correos de Chile).
Esta corrupción “de acuerdo a la ley” sólo pudo cuestionarse cuando los trabajadores de Correos dieron a conocer públicamente las indemnizaciones, hace un par de años y agora, las gratificaciones por productividad. Hasta entonces eran conocidas por todos…
pero nadie las conocía. Este fenómeno fue sintetizado por el Presidente Lagos como “servirse del servicio público”.
Otro caso es el de los funcionarios públicos, que durante su jornada de trabajo, realizan otras actividades ajenas, como es la de dictar clases. Todos lo saben, pero nadie lo sabe, de manera que estos funcionarios faltan 10 o 20 horas a u trabajo en la semana y figuran como que estuvieron cumpliendo sus funciones. La ley estipula que deberían ser autorizados para realizar esas actividades paralelas y además reemplazar las horas de ausencia. Si así ocurriera, por ejemplo es presumible que la Contraloría debería estar con sus luces encendidas hasta medianoche, porque es la institución que da el mal ejemplo en esta modalidad de corrupción denominada “horas grises”.
Finalmente, el caso del fraude en CODELCO, que significó pérdidas por un valor entre 60 y 200 millones de dólares, cuyo autor, Dávila, paso un par de años en cárcel, ya está en libertad y se dedica a predicar, ya que se transformó en pastor adventista y espera otras condenas pendientes, mientras los millones que tiene depositados en los paraísos financieros le acumulan intereses.
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El reconocimiento de la importancia de la transparencia es destacada por el senador Nelson Ávila quien siempre sostuvo que sobre cada gasto público hay que poner mil ojos. A pesar de que como lo reconoce Fucault, el ojo del Estado está en todas partes, parece que ese gran ojo deja de ver las grandes corrupciones cuando sus debilidades éticas nieblan su vista.
La ley de Probidad y Transparencia enfrenta el problema de la transparencia y reconoce su significación. Establece varios principios en torno a ella, pero a continuación reconoce que puede haber información reservada o secreta y para presevar los derechos del ciudadano establece acciones legales ante los tribunales. Es decir, rodea la información de una malla de laberintos judiciales que pocos estarán dispuestos a seguir por su costo y lentitud. El resultado de la ley de la transparencia en Chile fue la mayor oscuridad posible. Además esta ley, rompiendo con una larga tradición autoriza que los funcionarios reciban regalos.
Conclusiones.
La labor de PFC es fundamental para combatir la corrupción en nuestra región, porque sólo puede eliminarse lo que se conoce. Este informe es un aporte sustancial a la transparencia y es lo que constituye la base de la Probidad. Sin transparencia no hay probidad. La corrupción siempre se oculta y a veces basta ponerla a la luz de la opinión pública para que ella sea efectivamente combatida por las instituciones que deberían cumplir esa funciones: las contralorías y fiscalías, que tanto abundan en América Latina, los Ombudsmen o defensores del pueblo y las instituciones de la sociedad civil como los capítulos locales de Transparency International.
Para Chile, su inserción en estos informes es muy importante para definir la corrupción que en una sociedad tan victoriana, ya que la corrupción existe, pero todos contribuyen a esconderla porque nos avergüenza y según nuestra cultura, lo que avergüenza se oculta y pasa a ser inexistente. De manera que corresponde solicitar a PFC la incorporación de Chile en esta información.
Patricio Orellana Vargas