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LOS MANDARINES INDEMNIZADOS*

* Este artículo fue publicado en la revista virtual PROBIDAD (www.probidad.org.sv). Una versión más breve fue publicado en la REVISTA DE ANÁLISIS de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Chile.

Patricio Orellana.

En julio de este año 2000, los dirigentes sindicales de la Empresa de Correos de Chile denunciaron las indemnizaciones que recibían los altos ejecutivos al abandonar la empresa. Esta denuncia no fue un proceso fácil, se argumentó que se trataba de hechos confidenciales, que su divulgación dañaría a la Empresa, que el mercado de ejecutivos exigía que estos pagos fueron secretos, por último se exigió lealtad con la empresa. Sin embargo, los dirigentes sindicales optaron por denunciar los hechos y echaron un haz de luz a una maniobra que sólo había fructificado en la oscuridad. No fue fácil dar a conocer la denuncia, ya que ella se perdía en los laberintos burocráticos y no llegaba a las altas autoridades. Al autor de estas notas le correspondió asistir una reunión del Sindicato de Correos donde se preparaba un encuentro nacional y se discutían estas materias y fue posible observar como los directivos de Correos presionaban para impedir este debate, exigiendo “lealtad para con la Empresa”.

Esta denuncia fue divulgada ampliamente por la prensa. La oposición encontró la oportunidad de cuestionar el principal capital de la coalición de gobierno: su ética. Esta coalición había logrado restablecer la democracia cuestionando los valores anti éticos de la dictadura militar y exigiendo el respeto a los derechos fundamentales.

Los partidarios del gobierno trataron de contraatacar sosteniendo que durante la dictadura militar la corrupción fue generalizada. Sin embargo, este tipo de defensa no tenía validez porque nunca se puede justificar la corrupción de unos con la corrupción de los otros.

Una bola de nieve negra
Esta denuncia generó múltiples denuncias similares que afectaban a casi todas las empresas del Estado. Se demostró que en ellas los ejecutivos, que gozan de gran autonomía, modificaban los reglamentos y los contratos de trabajo para conseguir ingresos exorbitantes acompañados de una larga lista de privilegios desconocidos para el resto de los trabajadores del país y especialmente para los trabajadores de las empresas cuestionadas.

A tal extremo llegó esta situación que el Presidente de la República declaró que toda la información sobre el tema se pondría a disposición de la ciudadanía y señaló que los responsables de estos actos que estuvieran actualmente en funciones debían restituir estas indemnizaciones indebidas o abandonar la Administración Pública. Sólo 10 ejecutivos lo hicieron y otros 6 prefirieron renunciar y quedarse con el dinero de las indemnizaciones sosteniendo que no tenían ninguna obligación legal de hacerlo.

Esta solución corresponde al enfoque de la “justicia dentro de lo posible”, ética de la responsabilidad defendida en su oportunidad por Max Weber y que es la ha inspirado a estos gobiernos.

El desvío judicial
Naturalmente que la oposición y posiblemente la opinión pública exige que todos los ejecutivos que han cobrado estas indemnizaciones sean procesados judicialmente, pero se trata de casos que es casi imposible que hayan signifiquen infracciones a la ley, ya que ellos tenían la potestad legal de fijar las condiciones de los contratos de trabajo, recurriendo a contadores o funcionarios subordinados que figuraban como los que redactaban el contrato que ellos mismos habían modificado.

He aquí un caso de corrupción conforme a las normas, donde la legitimidad queda entrampada en la legalidad, aunque aún existen posibilidades de descubrir alguna forma de procesarlos o que al menos se exija la renuncia de todos los indemnizados por carecer de autoridad moral.

A todos los directivos de Correos les fue exigida la renuncia, aunque intentaron establecer que ellos habían denunciado estos hechos y no el sindicato de trabajadores.

Mientras tanto la Cámara de Diputados resolvió que la Comisión de Economía actuaría como Comisión investigadora frente a este caso. Constitucionalmente, el Parlamento sólo tiene atribuciones para investigar hechos ocurridos durante la democracia, de manera que los hechos de corrupción ocurridos durante la dictadura quedaron de nuevo en la impunidad. Sin embargo, el hecho de enfrentar este tipo de corrupción durante un período tiene inmensa significación para el país.

Los hechos.
Las denuncias en la prensa y lo revelado en las sesiones de la Comisión investigadora señala que unos 245 ejecutivos de estas empresas estatales recibieron un total de 24 millones de dólares en los últimos años por concepto de indemnizaciones (estimación con datos parciales), es decir un promedio cercano a los 100.000 dólares cada uno. Estas sumas son exorbitantes en un país como Chile donde lo normal es que estas indemnizaciones sean de unos 3 a 8 mil dólares (en casos excepcionales).
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Durante sus mandatos estos ejecutivos habían mantenido o mejorado las condiciones de sus indemnizaciones. Lo establecido en el Derecho del Trabajo chileno es que la indemnización debe ser de un mes de sueldo por cada año trabajado, generalmente hasta de 11 meses y una cantidad tope. Esta disposición puede mejorarse porque se considera como la mínima, pero es la que generalmente se aplica y sólo procede en caso de despidos. Sin embargo los ejecutivos se habían fijado indemnizaciones de 10 o mas sueldos por año, regía para cualquier evento (despido o renuncia voluntaria) y hasta era aplicable por lo que se llama “por cambio de escritorio”, es decir cuando no había ni despido ni renuncia, sino que simplemente el ejecutivo se cambiaba de una a otra filial de la misma empresa. Además, en el momento que surgía la posibilidad del pago de la indemnización se aumentaban el sueldo en un 30 o 40%, porque la indemnización era según el monto del último sueldo percibido.

Estos privilegios eran para un círculo reducido de ejecutivos, generalmente miembros de los partidos gobernantes o parientes de estos miembros. (La Directora de Correos es esposa del Vicepresidente de uno de los partidos gobernantes). No correspondía a derechos de todos los trabajadores.

La empresa estatal CODELCO, la mayor productora de cobre, se había negado desde hacía 10 años a entregar información sobre las remuneraciones de sus ejecutivos alegando que era política de todas las empresas del mundo no entregar esta información y una exigencia de las condiciones de competencia en que se desarrollan.

La información entregada finalmente por CODELCO reconoce que los ejecutivos ganan entre 30 y 18 mil dólares mensuales, en un país donde el sueldo mínimo en la Administración Pública es de unos 200 dólares mensuales y el ingreso per cápita mensual de la población es de unos 420 dólares mensuales.

Sin embargo, esto es la punta del iceberg, además tienen bonos y beneficios adicionales que le aumentan el sueldo en un 30%, tienen 25 días de vacaciones (lo normal es 15), seguro de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales (remuneración igual por una año), seguros de vida, de accidentes no laborales, becas universitarias para cada hijo por más de mil dólares mensuales y otras de 300 dólares para los niños menores. Hay casos en la Empresa Nacional de Minería que se pagaron bonos de producción cuando había una gran crisis minera y se pagó a ejecutivos “en comisión de servicio” (que trabajan en otras instituciones, generalmente administrativas o políticas y que no trabajaban efectivamente en el área minera y no afectaban a la mayor o menos productividad minera), de todas maneras se les pagaba el bono. Otra pagaba bonos de producción a pesar de tener pérdidas.

Los casos son innumerables y cada uno de ellos es más escandaloso.

Todos sabían lo que nadie sabía.
Estos hechos eran conocidos por todos. Fueron denunciados por políticos y catedráticos, pero los datos precisos no eran entregados a la opinión pública.

Los Ministros y Ejecutivos de las empresas públicas se negaban a dar estos datos porque el mercado exige que esta información sea secreta.

Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), este Presidente creó un sistema de auditoría ministerial que funcionaba en un despacho contiguo al presidencial y sería el encargado de combatir la corrupción. Este sistema fue cuestionado por catedráticos y expertos porque eran unidades dependientes del ministro o del jefe del servicio respectivo, ahora se ha demostrado su total ineficiencia. A pesar de que los dirigentes sindicales de Correos presentaron las denuncias sobre las indemnizaciones a esta Auditoría, simplemente no las procesaron, ya que el Presidente Frei ha declarado que no tenía antecedentes de estos hechos. Por su parte la Contraloría General de la República, que ha sido descrita como un paquidermo que dormita junto al palacio presidencial, y que también recibió las denuncias de los dirigentes sindicales tampoco divulgó estos hechos.

Sin embargo, cuando fue requerida por la Comisión investigadora de la Cámara, presentó abundante información, recalcando que las atribuciones de control de la Contraloría eran menguadas y que en 1979 (durante la dictadura militar) se le habían quitado las atribuciones de control en las empresas públicas. Esta institución -como todas las instituciones burocráticas- pide permanentemente más atribuciones y más recursos . Pero hasta ahora, los grandes casos de corrupción han sido descubiertos por acciones de la sociedad civil y la Contraloría, que tiene inspectores en todo el país, simplemente las procesa para llevarlas a un desvío sin destino, excepto en algunos casos minúsculos de uso indebido de vehículos públicos, en lo que se ha especializado.

La ideología de la gerencia pública.

La clase política latinoamericana ha sido descrita por un cientista político alemán como aquella clase que tiene derecho a entrar a un supermercado y no pasar por las cajas (LA TERCERA, 2000). Este cientista creía que la excepción era Chile. Pero ello no es así. Lo que ocurre es que esta clase va al supermercado en la noche, cuando no hay gente y saca todo lo que quiere, llevando a sus parientes para que le ayuden a acarrear tanta carga. La corrupción chilena es hipócrita e ideologizada, “conforme a las normas”.

Todo el discurso político que habían mantenido durante años estos políticos progresistas, en el sentido de que el mercado producía iniquidades y que el Estado debía reducir estas injusticias, son olvidados en el momento de la “real politik”. Hay un abismo entre el discurso y el disfrute práctico de las prebendas que el mercado “les entregaba”.

Para justificarse argumentaban que los ejecutivos públicos eran mal remunerados en comparación con las empresas privadas y si se sabían los sueldos, habría una emigración masiva hacia las empresas privadas. (Ahora que se saben esa emigración no ocurrió). Era otra simple excusa.

Los estudios de Price Waterhouse demuestran que los grandes ejecutivos privados ganan en Chile unos 142.000 dólares al año (se trata muchas veces de empresas transnacionales), En las empresas del Estado los sueldos superan esta cantidad y hay que sumarles todas las prebendas adicionales. La consultora Deloitte & Touche en un estudio señala que el gerente comercial de la gran empresa privada gana 7 millones de pesos mensuales bruto, en empresas del Estado esta suma se duplica o triplica fácilmente. Otros estudios de Prime y Waterhouse confirman estas diferencias al registrar entre 70 y 100 millones anuales para gerentes corporativos, mientras que en CODELCO se paga a lo menos entre 120 y 204 millones de pesos, sin considerar todas las otras remuneraciones adicionales. (EL MERCURIO, 2000B).

El aporte de la teoría administrativa.
Conviene ver este caso de las indemnizaciones indebidas desde un punto de vista administrativo, para ello es de utilidad la teoría administrativa y en especial la Ética Pública.

La burocracia, según el sentido tradicional de Max Weber es un sistema de dominación, mucho más que un sistema de organización que busque la eficiencia. La pirámide burocrática se caracteriza por un proceso de concentración del poder en los altos niveles y la realización de las tareas por los niveles inferiores. Los niveles superiores configuran un grupo especial que aquí denominamos como “mandarines”, dado que son los que manipulan el poder desde sus altos sitiales, aunque ellos se designan al modo empresarial como “ejecutivos”, lo que no es muy apropiado en el sector público, ya que no se caracterizan por “ejecutar”, sino por disfrutar del poder cuando se carece de principios éticos.

La burocracia normalmente generará procesos de burocratización, entendiendo por tal la exacerbación en esta tendencia a concentrar el poder. Ello es lo que determina que hay una búsqueda por construir y practicar nuevos sistemas administrativos que superen a la burocracia. Estados Unidos marcha a la cabeza de estos esfuerzos teóricos y prácticos, gran parte de sus pensadores están empeñados en esta búsqueda que significa la aplicación de técnicas tales como reinvención, reinvención permanente, reingeniería, achicamiento, desestructuración , desjerarquización, aplanamiento, organización en redes, desarrollo organizacional, empresa que aprende, gerencia participativa, benchmarking, outsourcing, centralización en el cliente o el usuario, valoración del conocimiento y la información, etc. Una buena síntesis de estos pensamientos está en las publicaciones de la Fundación Drucker y en la escuela REGO y en otras, las que contienen un resumen del pensamiento de un centenar de estos innovadores (Fundación Drucker, 1996, 1998, 1999; World Business Academy, 1993; Osborne y Gaebler, 1994). El avance norteamericano en estas áreas explica en parte el auge impresionante de la economía norteamericana en la última década. Estos cambios también se manifiestan en el sector público, con la aplicación de estas técnicas y enfoques, cuya expresión concreta es el National Perfomance Review (Gore, 1994), que es el programa de modernización de la gestión pública federal norteamericana o la experiencia de Minnesota en cambiar la administración estadual burocrática ( Barzelay y Armajani, 1988). El avance en ética pública en la administración pública norteamericana es también notable y se ha basado en la capacitación y el establecimiento de un sistema de control fundado en la transparencia.

El rol de la Ética Pública.
La corrupción administrativa se configura cuando un funcionario público actúa en contra de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares, desviando los recursos que están destinados a satisfacer necesidades públicas y que terminan en bolsillos de algún particular ajeno a esas necesidades, que puede ser el mismo funcionarios o algunas personas favorecidas arbitrariamente por éste.

Pero la corrupción es mucho más compleja que lo que se indica.
En realidad puede asumir varias formas. De acuerdo con Transparency International hay dos categorías muy diferentes de corrupción administrativa: Los actos corruptos cometidos “en contra de las reglas” y aquellos que se cometen “de acuerdo a las reglas” (Transparency International, 1998).

Así por ejemplo, un simple ejercicio aritmético nos permite comprobar que el efecto en el servicio público será el mismo cualquiera sea la forma que asuma la corrupción

En los casos B y C la situación resultante es exactamente la misma. En el caso B se puede referir a una situación de desfalco (algún funcionario público se apropió de parte de los recursos destinados a los usuarios). En el caso C, parte de los recursos destinados a los usuarios se desviaron y terminaron siendo apropiados por algunos funcionarios que lograron modificar o interpretar las disposiciones, en función del poder de que disponían, para logra su enriquecimiento personal, restando recursos al fin del servicio. Esta práctica es típica del grupo que hemos designado como “mandarines”.

La corrupción conforme a las reglas es lo que ocurre con las indemnizaciones indebidas pagadas a altos funcionarios de las empresas del Estado.

¿Cómo puede ocurrir esto?
Ocurre porque el modelo burocrático imperante, en su desarrollo ha producido tal concentración de poder en los niveles ejecutivos o mandarines, que pueden disponer a su amaño de los recursos de la empresa. Es una consecuencia inevitable del modelo que se mantiene incólume en Chile, agravado por factores ideológicos que han creado toda una superestructura argumental y teórica que propicia y justifica la imprescindible autonomía que requiere la gestión de las empresas y servicios públicos. Esta ideología tiene sus raíces en el hedonismo y en el neoliberalismo que exalta el consumismo y el éxito material.

La austeridad que caracterizó a Chile, cuyas últimas expresiones fueron los gobiernos de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, (1958-73), fueron anegadas en la valoración del exitismo económico y el neoliberalismo, que se impuso durante la dictadura militar y que la democracia ha asumido como expresión de modernidad, sin ser capaz de revisar su contenido anti ético.

En segundo lugar, gran parte de estos ejecutivos provienen de escuelas de ingeniería y economía, en las cuales, habitualmente no existen cátedras de Ética y menos de Ética Pública, sus valores están impregnados del hedonismo y utilitarismo que fundamenta la teoría económica moderna y que acepta como inevitables las normas del mercado.

Los gerentes públicos.
En efecto, desde hace unos 20 años, se ha ido legitimando la idea de que es necesario aplicar los criterios empresariales en el sector público. No corresponde por tanto a una orientación partidaria específica, sino que es el “signo de los tiempos”. Los mandarines del sector público claman por autonomía, flexibilidad, criterios de mercado, etc.

Su expresión concreta es la teoría de la Gerencia Pública, aplicada no solamente a las empresas del Estado, sino que a toda la Administración Pública. Es evidente que los jefes de los servicios públicos miran con envidia a sus pares de las empresas estatales y tratan de conseguir los mismos privilegios. Hasta ahora no lo han logrado y es probable que ya no lo conseguirán. Pero mientras pudieron, esta teoría fue oficial e indiscutible. Los académicos que nos opusimos a ella no encontramos ningún apoyo ni tribuna.

Esta teoría (o reivindicación de los mandarines) sostiene que lo esencial para lograr una administración pública eficiente es conseguir directivos capacitados que tengan gran autonomía en todos los ámbitos, se llega hasta requerir flexibilidad presupuestaria, supresión de controles, libertad para contratar y despedir personal, facultades para comprar y vender en las condiciones “competitivas de mercado” y especialmente insisten en la necesidad de “salarios competitivos con el mercado” para estos gerentes (Orrego, 1998). Por su parte, destacados técnicos de la oposición aplauden la teoría del gerente público como lo hacen Larroulet y Flores en la revista LIBERTAD Y DESARROLLO.

En los últimos años, esta ideología empresarial ha sido liderada por el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública. Ha sido una campaña en el que las técnicas del marketing público se han utilizado masivamente: Seminarios Internacionales (IV Encuentro Internacional sobre Modernización del Estado, Santiago, 1998), viajes de estudio a países con este modelo, publicación de folletos y hasta organización de escuelas formadoras de estos gerentes. Este marketing público- el primero realizado al estilo publicitario comercial- ha sido muy exitoso e incluye páginas WEB y publicaciones periódicas a todo color y en excelente papel (Comité, 1998B), así como libros de calidad formal (Comité, 1998 A,B,C,D,E,F) La casi unanimidad alcanzada es realmente convincente. Este Comité la presenta como “el modelo” de la modernización y la considera “un nuevo modelo de liderazgo” (Comité, 1998B). Su mayor éxito fue la decisión del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle de “impulsar en lo que resta de su mandato el diseño y habilitación de un sistema de gerencia pública en nuestro país” (Orrego, 1998B).

Sin embargo, la teoría del gerente público no es sino el mismo sistema de dominación burocrático, ya que lo que pretende, en última instancia, es dotar a los mandarines de más y más poder, agudizando la pirámide burocrática y negando toda participación y valoración del conocimiento y la información como las partes sustanciales de la administración, como lo señalan repetidamente las modernas tendencias de la Administración.

Esta teoría se ha fundado en las experiencias del Reino Unido y de Nueva Zelandia (Comité, 1998C). Sin embargo, su éxito es muy discutible, en primer lugar porque ambos gobiernos que la propiciaron perdieron el apoyo popular y en segundo lugar, porque en esos países no se descuidaron los aspectos éticos y de control. El modelo de gerencia pública chileno tiene como gran ausente el aspecto ético, de allí que los mandarines actuales tienen una terrible confusión entre sus salarios y el bien común. Como todo grupo que manipula el poder en condiciones de ineficiente control y carencia de principios éticos, el resultado no puede ser otro que el desarrollo propio del modelo burocrático: la concentración del poder y el uso del poder para premiar los méritos reales o imaginarios de los que tienen el poder burocrático.

Margaret Thatcher, la gran inspiradora de esta teoría, parece no simpatizar con la interpretación que se aplica en Chile. Según uno de sus colaboradores directos, Geoffrey Morgan, lo primero que hizo cuando asumió el poder fue darle “una arenga de una hora sobre cuan sobrerremunerados y subempleados estaban los funcionarios públicos . Me dio instrucciones de rebajar los sueldos.” (Morgan, 1998).

Los estudios realizados en Chile que fundamentan la gerencia pública (y financiados por el Estado) han llegado a las siguientes conclusiones:

Fuente . Comité, 1998E.

Estos datos son un verdadero pliego de peticiones falseado porque, no consideran los sueldos que se pagan en las empresas del Estado y todos los sobresueldos en bonos, sobretiempos falsos, libertad horaria, honorarios, viajes, pluriempleo y horas de clases sobrepuestas, a los que ahora hay que sumar la sólida expectativa de obtener indemnizaciones que son inconcebibles hasta en el sector privado de las grandes empresas.

Como puede observarse lo que se sugiere es (para 1998):

De manera que además de las indemnizaciones, que ahora se conocen, pretendían aumentos de sus sueldos al doble o el triple mientras que para el resto de los trabajadores sugerían la congelación salarial (como ocurrió en Correos).

La crisis ética.
La situación en Chile es muy delicada, se trata de una crisis administrativa seria y profunda, de la cual sólo se ha descubierto lo más extremo, pero existen otra serie de vicios que aplican los mandarines para mejorar sus rentas: honorarios, horas extraordinarias no cumplidas, participación en directorios de otras empresas, incumplimientos horarios y realización de otras actividades rentadas simultáneas, como clases en las universidades (sin reposición del tiempo), nepotismo, amiguismo, etc. Estos mandarines no aceptan controles horarios y han entretejido todo un sistema de prebendas que solo existen en virtud del manto de oscuridad que las cubre, bajo el pretexto de la autonomía, flexibilidad, discreción, competitividad y otros principios levantados para mantener este manto protector.

El ejemplo dado por los mandarines tendrá efectos perversos en todo el país. Cada sector social se preguntará ¿Por qué ellos? Faltan recursos para tener una salud pública aceptable, para modernizar la educación o para construir viviendas y sobran los recursos para pagar indemnizaciones acordadas a espaldas del país. Los profesores y los médicos concluirán que no se les reconocen sus méritos profesionales, mientras que a otros se les premia. Los camioneros no podrán entender que tienen que pagar impuestos que van a financiar las indemnizaciones millonarias de los ejecutivos de la ENAP, los mineros no podrán entender la falta de apoyo de la ENAMI, cuando sobran los millones para indemnizar.

La política deliberada de los mandarines está haciendo agua, ello se debe simplemente a que sus maniobras ocultas salieron a la luz. La conclusión evidente es que la base de la probidad es la transparencia, cuando se hace toda clase de esfuerzos para ocultar algo público, es porque lo público se ha desnaturalizado.

La solución evidente es establecer el principio de la transparencia y eliminar la llamada Ley de Probidad y Transparencia, porque lo que hace es, precisamente santificar el secretismo administrativo y proponer que, la información “privada” sólo puede conocerse después de un proceso judicial que culminan en la Corte Suprema y que puede demorar décadas. Esta Ley es otro engendro de los mandarines y es una ley que contó con el respaldo de gobierno y oposición, aunque derrumba principios consagrados, tal como la prohibición de que los funcionarios públicos reciban regalos de los usuarios. Ahora sí se pueden recibir si “corresponden a donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autorice la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación” (Ministerio secretaría General de la Presidencia, 1999). Lo que prácticamente abre anchas puertas para institucionalizar la coima o soborno.

Hay que enfrentar radicalmente esta situación y reconocer que la Contraloría es un ente que no cumple su función. El sistema de control no funciona y el sistema de auditoría recién creado había sido el que ocultaba las denuncias, según los dirigentes de Correos. Es una crisis terminal. Hay que abrir nuevos caminos y apoyarse efectivamente en las técnicas administrativas probadas: fortalecer la fiscalización parlamentaria, crear el Ombudsman y establecer el control social, dándole participación a las asociaciones de funcionarios, a los colegios profesionales y a las universidades.

La última trinchera de los mandarines es que ellos han realizado una labor excelente. Sin embargo esta excelencia nunca ha sido medida, ni es objetiva, es simplemente la justificación que inventan para mantener sus prebendas y algunas empresas públicas siguen negándose a dar información, no recurriendo a la excusa del mercado. Ahora lo hacen para proteger “el derecho a la intimidad”, resultando que el gasto público pasa ser íntimo. Esta excusa la mantienen las empresas estatales Banco del Estado y Televisión Nacional, mientras otras sólo han dado datos desde 1996 (y no desde 1990 como es la exigencia parlamentaria), alegando que ese año cambiaron los sistemas de indemnizaciones (CODELCO).

Las experiencias de estos hechos.
La principal experiencia de este caso es que sólo la sociedad civil es la capaz de erradicar la corrupción. Esta crisis se descubre porque un sindicato se atrevió a denunciar hechos ocultos.

La segunda conclusión es que la transparencia es la condición para evitar la corrupción. Los mandarines habían tendido un manto tupido para ocultar estos hechos y los trabajadores lo rajaron y destruyeron.

La tercera conclusión es que los mandarines y la clase política se ampara detrás de teorías como el gerente público para cometer sus fechorías. Aquí las universidades tienen que intervenir para destruir esas ideologías corporativas disfrazadas de ciencia. Ya hay algunos pasos positivos, en el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado desapareció el proyecto de Gerencia Pública, ahora se denomina Dirección Pública. Hay que velar porque no sea meramente un cambio de nombre, sino que de contenido.

La cuarta conclusión es el fracaso de la Contraloría y el sistema de auditorías ministeriales. El control formal y ritual es inútil.

La quinta conclusión es que las órdenes del Presidente de la República en el sentido de entregar toda la información, sigue siendo cumplida con cuentagotas, alegando toda clase de imposibilidades. La orden presidencial de que todos los contratos de ejecutivos de todas las empresas públicas debe regirse por las disposiciones igualitarias del Código del Trabajo sólo se aplicará si los sindicatos y la sociedad civil tiene acceso efectivo a la información.

La sexta conclusión es que los conservadores neoliberales han ganado una gran batalla y pretenden explotarla para insistir en privatizar todas las empresas del Estado. Los defensores de estas empresas aparecerán como los que amparan los vicios que en ellas se practican.

Finalmente, estos hechos deben exaltar la importancia de la Ética Pública, que ya no es un capital de la coalición de gobierno y ahora es su principal debilidad, pero la internalización de los principios de la ética pública por la sociedad chilena en su conjunto puede ser el efecto positivo de esta corrupción de acuerdo con las normas, reconociendo que la Democracia debe exaltar la probidad y perseguir sin miramientos a los corruptos, cualquiera sea su posición o influencia. No hay democracia sin Ética Pública. La corrupción es el torpedo que ha hundido a muchas democracias sin necesidad de golpes militares.

El Presidente Lagos ha sostenido que al servicio público se va a servir y no a servirse. Esto es incomprensible para los mandarines que desconocen totalmente la ética pública, porque sólo conocen la eticidad de su bolsillo. Lo que hay que eliminar no es a las empresas del Estado sino que a los mandarines que las utilizaron para su provecho personal.

REFERENCIAS
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Morgan, Geoffrey, (1998A), Sobre el thatcherismo en el servicio civil, en Dirección y Gerencia Pública, Gestión para el cambio, Santiago, Dolmen Ediciones, 1998
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World Business Academy, The new paradigm in business, New York, G. C. Putnams Sons, 1993.

RESUMEN
Un gran escándalo ha conmovido a Chile, un país que se preciaba de ser el más probo de América Latina y que al menos está resultando ser -probablemente- sólo el menos corrupto. Los ejecutivos de las empresas estatales habían construido todo un sistema que les permitía tener altas remuneraciones y privilegios muy superiores que el resto de los trabajadores. El límite que hizo explotar este escándalo es el sistema de indemnizaciones que les permitía cobrar decenas o centenares de miles de dólares al renuncias, ser despedidos o simplemente cambiarse de unidad. Todo este sistema se mantenía oculto, cubierto con la teoría del Gerente Público que exigía autonomía y discrecionalidad para que estos ejecutivos pudieran dirigir eficientemente a sus empresas. Sin embargo, un sindicato de trabajadores denunció estos hechos y se obligó a dar a conocer estas situaciones que han mostrado la bajeza moral de estos individuos que accedían al servicio público para enriquecerse, ocultando estos hechos bajo la excusa de que el mercado y la competencia exigía mantener e estricto secreto los sistemas de remuneraciones de los ejecutivos o bien que saberlos era una violación a su privacidad.

La superioridad ética de la Concertación de Partidos por la Democracia que gobierna Chile se ha visto tremendamente debilitada cuando se ha demostrado que sus políticos que tenían un discurso en favor de los más pobres y por la necesidad de reducir las desigualdades era mera demagogia porque utilizaban los recursos públicos para pagarse remuneraciones que superaban hasta las que pagan las transnacionales a sus ejecutivos.

Las rectificaciones adoptadas no han sido ejecutadas ágilmente. La promesa presidencial de entregar toda la verdad ha sido dificultada por estos ejecutivos que han dificultado la entrega de información a la Comisión Parlamentaria que investiga.

Este escándalo tendrá profundas consecuencias en la vida política del país.

Santiago, noviembre del 2000