Una fecha trascendente para la humanidad.
UNA FECHA TRASCENDENTE PARA LA HUMANIDAD:
Este día, diez nuevos países ratificaron la creación de la Corte Penal Internacional, logrando superar el número de sesenta ratificaciones para que el 1 de julio del 2002 entre en vigor la Corte Penal Internacional (CPI) que funcionará en La Haya.
Este es triunfo de los que consideran que los derechos humanos son patrimonio de toda la humanidad y de cada ser humano y que para su efectiva vigencia es necesario crear un sistema penal que pueda sancionar los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, los terrorismos transnacionales.
Esta victoria no fue sencilla, hay países que se oponen tenazmente a la creación de estos tribunales. Kissinger dice que será una nueva inquisición y servirán para la caza de brujas . El gobierno de Bush presionó a los países para que no ratificaran este convenio iniciado en Roma en 1998. El senador Helms exige que las autoridades de Estados Unidos no cooperen con este Tribunal y que impongan sanciones a los países que lo apoyen. La política oficial de Estados Unidos es no reconocer ninguna autoridad superior a las de los Estados Unidos y exigir que su poder mundial sea único y a él se subordinen todos los países e instituciones. De allí también su política de vetar permanentemente las condenas que el consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado en contra de la política de agresión de Israel, la que es posible sólo por el respaldo irrestricto de Bush.
La superioridad absoluta que Estados Unidos se asigna en materia de derecho se ha demostrado con los prisioneros afganos que fueron conducidos a Guantánamo y cuya situación jurídica es indefinida, ya que o son prisioneros de guerra o criminales, en ambos casos existen leyes y tribunales, pero el gobierno de Bush parece decidido a llevarlos a los tribunales militares, sin definir que principios regirán los procesos ni la ley que se aplicará. De manera que la política norteamericana está cayendo en un desconocimiento de las bases mismas de cualquier derecho, excepto en el basado en la creencia que una superpotencia tiene super derechos.
Según un ex parlamentario demócrata cristiano del Bundestag de Alemania Federal, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos tiene una nueva lectura. Esta Declaración dice: “.. todos los hombres son creados iguales?”. Ahora hay que leerla así: ? todos los norteamericanos son creados iguales. (Jurgen Todenhofer, en SUDDEUTSCHE ZEITUNG, 11 de febrero del 2002) ). Y la pregunta surge ¿Y los demás? La respuesta la dio George Orwell en su sátira política Granja de animales: algunos son más iguales que el resto.
En estas condiciones la creación de la Corte Penal Internacional fue una lucha difícil porque Estados Unidos movió todas sus influencias para impedir su aprobación. Sin embargo, fracasó en su intento por dos motivos centrales: el apoyo que La Comunidad Europea y otros países de ese continente brindaron a la iniciativa y el esfuerzo realizado por una coalición de mil Organizaciones no Gubernamentales (Ongs) que hicieron una campaña de difusión y lobby ante todos los países del mundo, logrando el apoyo de más de los 60 países que se requería dentro del plazo establecido, consiguiendo el apoyo de países africanos y asiáticos, lo que permitió alcanzar que 66 países ratificaran el tratado de Roma que establece este Tribunal.
La Declaración de Derechos Humanos es meramente una declaración de principios y el nuevo Derecho Internacional (llamada common law international), expresado en los Convenios Internacionales de derechos, no tenía un tribunal Internacional mundial que hiciera efectiva su aplicación. El sistema de las Naciones Unidas, con sus organismos políticos de la Asamblea General y la Comisión de Seguridad, carecía de un tribunal que estuviera basado en el derecho por sobre la política coyuntural. Esta es la trascendencia de este nuevo tribunal. La aceptación de una ley internacional común debe ser la base de la política mundial común. (Brigitte Hamm et alte, World Politcis at the Crossroads, en POLICY PAPER 19, Bonn, SEF, 2002).
La creación de la CPI significa que los criminales de guerra, los genocidas y los autores de crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados sin importar donde realizaron los crímenes ni su nacionalidad. Según la información oficial de la coalición de ONGs la CPI funcionará no sólo como un mecanismo para garantizar que se haga justicia sino que también servirá como un poderoso disuasor de los futuros Pinochet, Pol Pot y Milosevic.
Para algunos, la creación de esta Corte Internacional es expresión de la globalización y como la globalización es perversa, todos sus engendros deben serlo y rechazan hasta este tribunal. Sin embargo, otros entienden la globalización de manera distinta. Hay una globalización del capital que tiene como objetivo simplemente la maximización de las ganancias a través de la creación de un mercado global sin leyes y dirigido por las grandes transnacionales. Para otros la globalización es un proceso inevitable, como lo fue la Revolución Industrial y que como ese proceso conllevó males a la humanidad, pero también significó progreso. Como se sostuvo en Porto Alegre en el Foro Social Mundial realizado en enero de este año: “El objetivo es que la globalización no sea sólo del gran capital, sino que beneficie a todos los habitantes del planeta, que la mundialización sea ciudadana, solidaria y justa, que favorezca al ser humano y no sólo al gran capital” (Porto Alegre, Globalizar la esperanza, Porto Alegre, Le Monde Diplomatique, 2002). La creación de la CPI es un paso en esa dirección, de allí la oposición tenaz del gobierno de Bush.
La doctrina Pinochet.
Chile, país que tuvo una trayectoria fundamental en la creación del nuevo sistema internacional y del derecho internacional común, ya que fue miembro de la Comisión que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y que apoyó permanentemente el desarrollo de estos valores -excepto durante la dictadura- y como consecuencia de ella sufrió uno de los casos más terribles de violaciones a los derechos humanos ha tenido un rol vacilante en los últimos años. Habiendo sido Chile uno de los países que propició la creación de este Tribunal, tuvo que soportar la vergüenza internacional de que no lo ratificó, ya que la derecha chilena se opuso y como sabemos, la derecha es fundamental en nuestro país, siendo además una derecha que reivindica la dictadura militar y los crímenes que se cometieron.
La derecha chilena, con la excepción de un par de diputados, se opuso a este tratado acudiendo a la doctrina Pinochet, que sostiene la sacralidad del principio de la territorialidad de la ley, lo que significa que cualquier crimen cometido en Chile, sólo puede ser juzgado por tribunales chilenos. Esta añeja concepción nacionalista significa desconocer todo el Derecho Internacional y especialmente el que hemos llamado derecho internacional común. El Tribunal Constitucional, a petición de la derecha y evidentemente con su presión, dictaminó que el Tratado de Roma, sólo puede aprobarse si hay una modificación en la Constitución, ya que ésta prohibiría la vigencia de esas leyes internacionales en el país. ¡Y la Constitución de Pinochet es intocable según la dercha!
De esta manera, Chile acepta la doctrina Pinochet y se coloca al margen de la sociedad civilizada, doctrina que la dictadura de Pinochet desarrolló para poder violar masivamente los derechos humanos impunemente, porque lo hacía dentro del territorio nacional (excepto en el caso Letelier que fue realizado en Estados Unidos) y que ahora persigue el fin específico de proteger a los violadores de los derechos humanos, los que algún día deberían ser procesados y juzgados en el territorio nacional aunque la experiencia Chile indica que eso es imposible, como lo demuestran los juicios interminables que duran 20 o 30 años sin ningún resultado efectivo o la martingala de lo que fue el juicio a Pinochet.
La decisión del Tribunal Constitucional está en abierta contradicción con las decisiones de la Corte Suprema, la que reconoce el valor legal de los tratados internacionales ratificados por Chile. Pero la doctrina Pinochet, avalada por el Tribunal Constitucional,
conceptualmente significa que los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal no rigen en Chile porque los chilenos no somos humanos, somos chilenos. Es increíble lo absurdo de esta conclusión, ya que quien nace de mujer es ser humano y el primer llanto que lanza el bebé al nacer es el juramento que hace como miembro de la especie humana. Después será hombre o mujer, chileno o japonés, profesional u obrero, conservador o progresista, viejo o joven, pero primero es ser humano.
La Corte Penal Internacional es un gran logro en la historia de la humanidad pues el ser humano es legitimado en su esencia y efectivamente protegido, ahora a los chilenos nos corresponde superar el peso de la noche que impone la derecha y buscar la luz de nuestra propia naturaleza humana.
Patricio Orellana Vargas